Corte tumbó convenios interadministrativos firmados durante Ley de Garantías

Para el Alto Tribunal, lo aprobado en el Congreso de la República en octubre del año pasado, no tiene validez y no se ajusta a la Constitución Política.

Por Valentina Mejía

Con una votación de 8-1, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó este jueves, la modificación que se le había hecho el año pasado a la Ley de Garantías a través de la Ley de Presupuesto, con el propósito de dinamizar la economía por efectos de la pandemia.

Luego de estudiar una demanda presentada por el Representante a la Cámara José Daniel López y el senador electo David Luna, donde manifestaban que “una ley ordinaria no puede modificar una Ley Estatutaria, como la Ley de Garantías, que exige mayorías distintas para su aprobación”, la Corte declaró inexequible el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 con efectos retroactivos. 

Es decir que, con la decisión que tomó la Corte, se cae el artículo de la Ley de Garantías que le permitía a los alcaldes y gobernadores suscribir y celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales.

En el departamento del Meta hay varios que quedarían en el limbo pues fueron firmados posterior al 12 de noviembre cuando fue promulgada la Ley como por ejemplo con la estrategia ‘Maestro Itinerante’, que busca que la población excombatiente acceda a los servicios de alfabetización, firmado en febrero del 2022; otro de fortalecimiento de sistemas de producción de ganadería doble propósito.

Dentro del fallo, la corte ordena devolver el dinero que se desembolsó entre entidades estatales y, además, terminar y liquidar inmediatamente los convenios suscritos que a la fecha estén en etapa de ejecución.

El artículo que fue tumbado era claro en argumentar que “Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo eh las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.

Finalmente, el alto tribunal publicará en los próximos días los parámetros sobre cómo se deben retroceder los convenios ya firmados. 

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