Defensoría alerta por reclutamiento, homicidios y confinamiento en comunidades indígenas
- Publicado en Sep 09, 2026
- Sección Nacional, Lo Mas Reciente
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2026 ante el riesgo extremo que enfrentan comunidades indígenas de Amazonas y Vaupés por el avance de estructuras armadas ilegales que se disputan el control de las rentas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro de aluvión en la región amazónica.
La alerta comprende los territorios indígenas de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná, que abarcan socialmente las áreas no municipalizadas de La Pedrera y La Victoria, en Amazonas, así como comunidades indígenas ubicadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná, en jurisdicción de Taraira, Vaupés.
De acuerdo con el organismo de derechos humanos, se trata de un corredor continuo de selva amazónica que comprende aproximadamente 15.556 kilómetros cuadrados en el departamento del Amazonas y que se conecta con Guaviare, Vaupés y Caquetá, hasta alcanzar la frontera con Brasil.
Esta ubicación, según la Defensoría, facilita el tránsito de armas, estupefacientes y la articulación con redes criminales transnacionales, aumentando la exposición de las comunidades indígenas a las disputas entre grupos armados.
Disputa entre estructuras armadas pone a la población en medio
El escenario de riesgo estaría relacionado con la incursión de estructuras del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, perteneciente al autodenominado Estado Mayor del Bloque y el Frente (EMBF), bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’.
Según la Defensoría, estas estructuras avanzan por el río Caquetá desde Puerto Santander hacia La Pedrera y La Victoria, con el propósito de disputar al autodenominado Estado Mayor Central (EMC) el control de los circuitos asociados al narcotráfico y la explotación ilegal de oro.
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El EMC, señalado por la entidad como comandado por alias ‘Iván Mordisco’, tendría presencia local a través del Frente Carolina Ramírez y el Frente Jhonier Arenas, del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.
La confrontación entre estas estructuras habría incrementado la presión sobre las comunidades indígenas, que han quedado en medio de las hostilidades y de las medidas de control impuestas por los grupos armados.
Entre las situaciones advertidas por la Defensoría se encuentran la imposición de toques de queda y retenes fluviales. En La Pedrera, por ejemplo, se habría establecido un toque de queda nocturno desde las 10:00 de la noche, mientras que sobre el río Caquetá se estarían realizando controles a las embarcaciones y decomisos de teléfonos celulares.
La alerta también documenta homicidios y actos de sevicia contra integrantes de las comunidades. Según el organismo, en el sector de El Remanso, territorio de Pani, se han registrado asesinatos de comuneros en presencia de sus familiares, además de casos de tortura y desmembramiento. Los cuerpos, señala la Defensoría, habrían sido abandonados en espacios comunitarios como las canchas de fútbol, con el propósito de generar terror entre la población.
Otro de los principales riesgos corresponde al reclutamiento forzado de menores de edad. La entidad advierte sobre la captación de adolescentes de 13 y 14 años en comunidades como Curare, Remanso y Mariápolis, así como sobre presiones armadas contra estudiantes del internado indígena de Piedra Ñi, ubicado en el río Pirá Paraná, en Vaupés.
Desabastecimiento y dificultades para atender emergencias
La imposición de paros armados y restricciones a la movilidad fluvial también estaría generando consecuencias humanitarias.
De acuerdo con la Defensoría, los prolongados bloqueos sobre las cuencas de los ríos Caquetá y Apaporis han provocado un desabastecimiento crítico de combustible y alimentos, además de dificultades para trasladar pacientes que requieren atención médica.
La entidad advierte que estas condiciones amenazan no solo la integridad física de las comunidades, sino también su autonomía, cohesión social y continuidad cultural, por lo que considera que la población indígena se encuentra en un riesgo inminente de exterminio físico y cultural.
La ATI 021 de 2026 recoge, además, riesgos que ya habían sido advertidos en alertas anteriores, entre ellas la AT 022-21, relacionada con La Pedrera y el reclutamiento forzado; la AT 017-23, sobre el río Caquetá y comunidades de Taraira; y la AT 001-25, que documentó la división del EMC y el riesgo extremo en Puerto Santander.
Con esta nueva alerta, la Defensoría del Pueblo pone nuevamente el foco sobre la situación humanitaria de las comunidades indígenas de esta zona de la Amazonía y llama la atención sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección frente al avance y la confrontación de los grupos armados.
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