Defensoría cuestiona exhibición de cuerpos tras operación ‘Azarías’ en Guaviare

La Defensoría del Pueblo en cabeza de Iris Marín,  cuestionó la manera en que se comunicaron los resultados de la operación militar ‘Azarías’,desarrollada en el departamento del Guaviare contra estructuras armadas bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y advirtió sobre los riesgos de convertir la muerte en una demostración de poder.

El pronunciamiento se produjo luego de que, en días recientes, se conocieran imágenes del presidente de la República caminando entre cuerpos dispuestos en tulas blancas, correspondientes a personas que murieron durante la operación.

Según el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la acción militar habrían muerto 23 integrantes de las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’, incluidos algunos de sus mandos. Asimismo, Medicina Legal informó que dos de las personas fallecidas en el bombardeo eran menores de edad.

Para la entidad, el debate no busca desconocer el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados ni cuestionar la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública cuando estas se desarrollan dentro del marco constitucional y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, hizo un llamado a reflexionar sobre la forma en que el Estado ejerce el poder y presenta públicamente sus resultados.

El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder.

La Defensoría recordó que la Constitución colombiana reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental, inviolable y de aplicación inmediata. No obstante, precisó que el ordenamiento jurídico contempla situaciones restrictivas, como la legítima defensa o la baja de combatientes en el marco de un conflicto armado.

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La entidad citó la Sentencia C-430 de 2019 de la Corte Constitucional, al señalar que, incluso cuando una acción militar sea legal y necesaria, la protección del derecho a la vida continúa ocupando un lugar preferencial en el ordenamiento jurídico.

Además, enfatizó que el Derecho Internacional Humanitario establece límites incluso en medio de la guerra y exige que las personas muertas sean respetadas y tratadas dignamente.

La posibilidad de desplegar acciones militares en las que personas puedan perder la vida es posible, en muchas ocasiones necesaria, quizá indispensable, pero no son deseables.

Alerta por medir la seguridad en número de bajas

El organismo también se refirió a la existencia de un portal denominado ‘Las bajas del Tigre’, cuya oficialidad, según aclaró, no ha sido confirmada y en el que se contabilizan personas muertas y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.

La Defensoría pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que, en el pasado, las políticas enfocadas en medir resultados militares a partir del número de bajas derivaron en graves violaciones a los derechos humanos.

En particular, hizo referencia al fenómeno de los denominados ‘falsos positivos’, casos que actualmente son investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La entidad aclaró que no está afirmando que los cuerpos correspondientes a la operación ‘Azarías’ respondan a esa lógica, pero insistió en la necesidad de contar con indicadores más amplios para evaluar la seguridad.

La seguridad se mide en derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida al accionar de los grupos criminales.

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo insistió en que Colombia tiene una larga historia marcada por la utilización de los cuerpos, la humillación y el miedo como mecanismos para imponer dominio y generar terror. Por ello, consideró que este tipo de lenguaje y simbología no puede ser adoptado por el Estado.

Las imágenes y las palabras de quienes representan al poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.

La Defensoría reconoció que la acción militar del Estado es un deber y destacó que integrantes de la Fuerza Pública arriesgan su vida para proteger a la población. Sin embargo, sostuvo que debe prevalecer la acción de la justicia y el respeto por los principios constitucionales.

Finalmente, la entidad afirmó que la fortaleza del Estado no debe medirse únicamente por su capacidad para imponerse mediante la fuerza, sino también por los valores y símbolos que proyecta ante la sociedad.

El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que le imponen la Constitución, la ley y la humanidad.

Respuesta del Gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respondió al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. A través de sus redes sociales, Lara aseguró que el Gobierno respeta y valora a la Defensoría del Pueblo, a la que calificó como una “aliada institucional” y destacó su mandato de proteger a las víctimas y los derechos humanos.

Sin embargo, el jefe de la cartera del Interior manifestó su desacuerdo con uno de los planteamientos expuestos por la entidad y calificó como una “triste equivocación” considerar que el Estado compite en crueldad con las organizaciones armadas ilegales.

Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde.

Lara sostuvo que el Estado cumple con el deber constitucional de combatir a los grupos criminales que ejercen violencia y terror en diferentes regiones del país.