Demora en armonización presupuestal atrasa proyectos

Ante la disparidad de criterios y la confusión en las entidades territoriales, se hace un llamado a establecer una metodología clara y específica para el proceso, dicen los encargados de la labor.

Por: Luissa Fernanda Pérez

Aunque el Plan de Desarrollo Departamental ya fue aprobado por la Asamblea del Meta, aún falta trabajar sobre la armonización presupuestal de este documento, una de labores fundamentales para iniciar su ejecución.

Una fuente del Departamento Nacional de Planeación, explicó que “el proceso de armonización presupuestal se realiza una vez se haya expedido el Plan de Desarrollo. El gobernador o alcalde debe presentar a más tardar en las sesiones ordinarias a consideración de la Asamblea o Concejo el respectivo Proyecto de Ordenanza o Acuerdo de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad territorial”.

Básicamente, el ejercicio consiste en tomar proyecto por proyecto del plan, evaluar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo anterior y homologarlo frente a la nueva estructura del Plan de Desarrollo, en este caso del periodo 2024-2027.

Según Luz Mary Aguirre, secretaria de Hacienda del Meta, el total definitivo de la apropiación en el componente de inversión corresponde a 801 000 millones de pesos. De este presupuesto están comprometidos $365 000 millones, lo cual deja un saldo disponible de $424.000 millones. Este saldo disponible en la ejecución del presupuesto, componente de inversión, se analiza en dos variables: los proyectos que continúan y no necesitan trasladar sus recursos; y los proyectos que no continúan, permitiendo que los recursos que queden disponibles puedan ser trasladados a nuevos proyectos.

Para llegar a este ejercicio, hay que trabajar de la mano con el Departamento Administrativo de Planeación, haciendo esta armonización. Esta dependencia tiene la obligación de trabajar con cada sector, que conoce el proyecto, y con las nuevas metas del nuevo Plan de Desarrollo. Después de que ellos consolidan esta parte, se dirige hacia la Secretaría de Hacienda para establecer qué proyectos siguen o no.

“La Secretaría de Hacienda es la que se encarga de hacer los traslados, los créditos, contra créditos, adiciones y hacer reducciones si el gobierno nacional nos ha reducido alguna renta”, explicó Aguirre.

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Luego de todo este proceso, se presenta a la Asamblea Departamental para su respectiva aprobación. Aunque no hay una fecha establecida por la Corporación para la presentación de la ordenanza, la tardanza de su presentación trae como consecuencia la demora o parálisis en los proyectos de ejecución.

La funcionaria indicó que el proyecto de ordenanza que se presentará en la corporación será presentado el primero de agosto y agregó que “una vez se apruebe y lo sancione la Gobernadora, no se expide ningún CPC (Clasificación Central de Productos que cuenta su naturaleza e industria de origen)  que corresponda al componente de inversión hasta tanto la corporación nos apruebe el proyecto de ordenanza de homologación y quede en firme la sanción para efectos de iniciar a retirar el componente de la inversión”.

Las demoras del proceso se atribuyen a las metodologías que implementa el Gobierno nacional frente a los proyectos. “El ejercicio de homologación es el mismo de años anteriores a esta vigencia, pero la diferencia que tenemos es que ahora los proyectos tienen una estructura que llamamos nosotros del CPC, que es el producto al cual vamos a comprar y que identifica las necesidades del proyecto, que es lo que las administraciones vamos a adquirir dentro de cada proyecto”, explica Aguirre.

Por otro lado, no hay una metodología establecida ni por el Estado ni por el Gobierno Nacional, que sea el “paso a paso” para realizar una armonización. “Hay mucha disparidad de criterios frente a la estructuración. Unos optamos por homologar contra el total del CDT, otros contra el total de RPS. Entonces sí se necesita por parte del gobierno nacional una metodología clara, concisa y específica de cómo debemos hacer la armonización de los Planes de Desarrollo”.

Ya que las consecuencias de esto son demoras en la presentación del proyecto y la confusión de las entidades territoriales porque solicitan información del Gobierno Nacional que también tiene informaciones diferentes sobre el camino para hacerlo, el llamado es que se establezca una metodología clara, que las corporaciones de alguna manera reglamenten el proceso para evitar tanto traumatismo con las entidades territoriales.