Derechos humanos: alertas encendidas

Algunos defensores de Derechos Humanos creen que los campesinos, por intimidaciones, han dejado de denuncian

Defensoría del Pueblo advierte que hay cinco municipios con alertas tempranas por diferentes amenazas, aunque la situación no es tan preocupante como en el Cauca o Norte de Santander, sí es necesario tomar las medidas preventivas para tener control, dicen las autoridades.

Por Paula Castañeda/ Especial Periódico del Meta.

Ante las situaciones que se han presentado en diferentes lugares del país por ataques
a líderes sociales y asesinatos de aspirantes a cargos de elecciones, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) evaluó situaciones de riesgo para el Meta sobre la posible ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo indicó que hay cinco alertas tempranas vigentes.

Dentro de los municipios advertidos sobre las situaciones de riesgo electoral por vulneración a los candidatos, se encuentran los municipios del sur del Meta, y sus zonas rurales, entre ellos La Macarena, Mapiripán, Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, Mesetas y Uribe, según un informe que entregó el SAT la semana pasada. Por otro lado, el departamento cuenta con una alerta temática en torno a las agresiones que se vienen presentando contra líderes; según cifras de la Defensoría del Pueblo en el Meta, desde enero del 2018 hasta la fecha han ocurrido 14 homicidios en contra de dirigentes sociales, pertenecientes a movimientos comunales, campesinos o agrarios.

“No es el departamento con más incidencia en amenazas a líderes, sin embargo, hay que encender las alarmas porque lo ideal es que no se genere ningún atentado, ni amenaza a estas personas por desarrollar un papel tan importante como es la defensa de derechos humanos”, afirmó Ana María Jiménez, defensora del Pueblo en el Meta.

Las otras alertas tempranas hacen parte de los riesgos coyunturales o de inminencia, que cubren los mismos municipios nombrados anteriormente, es decir, sufren doble vulneración. En el sector del Río Guayabero existen tensiones entre la fuerza pública y la comunidad: “el Estado no ha tenido la capacidad de llegar a estos lugares después del acuerdo de paz, entonces los lugares de donde salieron las Farc, fueron tomados por otros grupos que pueden atentar contra la población”, dice una fuente consultada.

En la misma situación se encuentra el territorio compartido de San Juan de Lozada,
entre La Macarena, y San Vicente del Caguán, por posibilidad de riesgo a violación de Derechos Humanos, por presencia de grupos armados que pueden exponer a la población civil, ya sea porque la Fuerza Pública debe combatirlas, o porque los grupos atenten contra la población “Las denuncias se están encapsulando, a los campesinos les da miedo denunciar por una conducta negacionista por parte de las autoridades, esa es una expresión del conflicto no oficial”, dice César Santoyo, director del Colectivo Jurídico Orlando Fals Borda.

“El departamento requiere mucho esfuerzo. En esta fase de transición es muy importante que lleguen las instituciones porque es muy fácil que esas comunidades que han vivido tanto tiempo en la guerra sean nuevamente impactados por actores del conflicto. Tenemos un riesgo alto por presencia del frente primero de las disidencias de las Farc, o Los Puntilleros en el sur del Meta”, afirma Ana María Jiménez.

Cuando se activa una alerta temprana significa que allí la institucionalidad debe tomar ciertas acciones para evitar que se materialice algún tipo de riesgo que ponga en peligro, en este caso, ya sea en las elecciones, como en la vida de las personas que participan en ellas, y las comunidades que habitan en el lugar.

En este momento se ve una tensa calma. En el Catatumbo es complicado porque
se ven enfrentamientos constantes, pero acá no. Es muy claro que el grupo que estádominando y hay fuerte presencia de disidencias de las Farc, en ese caso hay disputa entre dos grupos, pero sí contra la Fuerza Pública”, agrega la funcionaria.

Otro lugar donde se presenta alerta temprana en términos de vulneración a Derechos Humanos, son en las comunidades que se encuentran dentro de Parques Nacionales Naturales, precisamente por estar dentro de un Área de Manejo Especial impide que se ejecuten proyectos para estas comunidades, y que llegue la presencia institucional, por ahora las entidades departamentales han realizado el llamado al orden nacional, para que haga presencia con los programas generados a partir del acuerdo de paz, como lo son el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Imagen tomada de la Defensoría del Pueblo.

Los indígenas

La situación humanitaria de la comunidad Jiw es crítica, alrededor de 90 indígenas de la comunidad Zaragoza se encuentran en el puesto de salud de Puerto Concordia. En Caño La Sal, hay fricciones entre comunidades campesinas e indígenas por la delimitación del territorio.

Se hace necesario, advierten las autoridades, que la Agencia Nacional de Tierras defina las medidas del territorio ancestral y realice un saneamiento del territorio que garantice el efectivo retorno; estos hechos han amenazado especialmente la vida de los niños y ancianos, pues la mayoría sufre de desnutrición severa, la falta de titulación de predios les ha impedido tener vivienda digna.

En Puerto Alvira (Mapiripán), se espera la continuidad del desminado humanitario, mientras que en Puerto Gaitán, donde hay constante tensiones entre las comunidades étnicas con las empresas de hidrocarburos, se instaló una mesa de diálogo con los distintos actores, liderada por el Ministerio del Interior, para solucionar dichas problemáticas.