Así reaccionó el Meta a la detención domiciliaria del expresidente Uribe, por manipulación de testigos

Alvaro Uribe Vélez, senador y expresidente de la República. Foto. Tomada de El Espectador.

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, con detención domiciliaria al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según confirmó el mismo senador en su cuenta de Twitter.

Aunque de manera oficial no se ha conocido la votación, los magistrados que tuvieron a su cargo la votación en contra de la libertad de Uribe fueron César Reyes (magistrado ponente), Francisco Javier Farfán, Misael Rodríguez, Héctor Alarcón y Marco Antonio Rueda.  No participó Cristina Lombana, quien fue recusada por haber sido oficial de las Fuerzas Militares cuando Uribe era presidente.

Se trata de una etapa procesal en la que no se sabe si será culpable o inocente, por lo que en los próximos días no habrá una decisión de fondo en ese sentido, se puede presentar apelación, por parte de los abogados defensores del senador, para levantar esta medida. Uribe tampoco podrá seguir participando de las sesiones ordinarias del Congreso.  

De inmediato, políticos del Meta también reaccionaron a esta que es la noticia política  más importante del 2020.

La representante del Meta a la Cámara de Representantes, por Centro Democrático, Jennifer Arias, dijo que «esa Corte libera a Santrich y mete preso al mejor presidente de la historia, Álvaro Uribe. Inaudito, injusto y absurdo. Qué vergüenza», dijo en su cuenta de Twitter.

El diputado Arley Gómez, del Partido Verde, dijo que «lastimosamente el país sigue polarizado entre una ultra derecha y una izquierda con ganas de venganza. Creo que por más justo que sea la prisión para el senador, Álvaro Uribe, no creo que le haga bien a la democracia. Muy seguramente los magistrados tienen razón, pero me parece que para efectos de una ‘paz interior’ que necesita nuestro países una muy mala noticia».

Henry Ladino, Presidente de la Asamblea del departamento del Meta explicó que «debo repetir lo de (Luis Carlos) Galán, la justicia no puede estar supeditada a la popularidad, la justicia debe depender de las pruebas, en una democracia, nadie por muchos seguidores que tenga, puede estar por encima de la ley, dura es la ley, pero es la ley».

Enrique García Cangrejo, presidente del concejo de Villavicencio, conceptuó que «indudablemente sabemos de la importancia que tiene el expresidente Álvaro Uribe para Colombia, y sobre todo en el ámbito político como líder, como una de las personas que luchó de frente contra el narcotráfico, pero también hay que destacar que la Corte Suprema de Justicia está tocando un tema totalmente diferente que es de soborno. Hay que esperar el proceso que se está llevando para ver cómo termina, si es o no culpable. En este caso la Corte Suprema es la encargada de hacer su respectiva investigación, con la buena defensa que me imagino va tener el expresidente».

El Diputado del partido Verde, Oswaldo Avellaneda, expresó «Creo que lo primero que tienen que hacer los sectores políticos y la ciudadanía en general es respaldar la independencia que tiene la Corte Suprema de Justicia se ha demostrado cómo se ha respetado el debido proceso, se han escuchado los testigos, bastantes horas de declaraciones incluyendo las del mismo senador Álvaro Uribe Vélez y si hoy la Corte Suprema de Justicia ha tomado esta decisión es porque ha estado estudiando las denuncias sobre los vínculos que tiene él con el paramilitarismo hace muchísimos años, y precisamente su abogado el doctor Cadena en ese intento por tratar de modificar las declaraciones de estos testigos principales en el caso, y que ya exista una denuncia en la fiscalía da muestra precisamente de ese posible vínculo de Álvaro Uribe y el sector paramilitar en Colombia durante tantos años”.

La decisión se toma luego de que los magistrados sopesaron las pruebas y la valoración, de acuerdo al conocimiento del proceso, dieron para llevarlos a tomar la decisión de que Uribe tenga que afrontar su defensa desde prisión domiciliaria.

El caso se remonta al año 2012, cuando Uribe acusó al senador, Iván Cepeda, de compra de testigos para incriminarlo por casos de parapolítica. Aunque Cepeda fue absuelto, se compulsaron copias a la Corte Suprema para investigar al expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal.

El proceso penal se estructuró con base a una investigación liderada por el magistrado José Luis Barceló y lleva la firma de otros dos magistrados de la Sala Penal: Luis Hernández y Fernando Castro.