Según el ente acusador, los funcionarios emitieron 16 decisiones contrarias a la ley para favorecer organizaciones delincuenciales. 

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, acusó formalmente a dos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos; y al exmagistrado de esa misma corporación, Fausto Rubén Díaz, al parecer, por haber favorecido a grupos criminales.

El material de prueba dio cuenta que en el ejercicio de sus cargos, habrían emitido 16 decisiones contrarias a la ley y habrían otorgado indebidamente beneficios como prisión domiciliaria y suspensión de la ejecución de la pena a integrantes de redes delincuenciales y de organizaciones criminales condenados por delitos como: concierto para delinquir agravado, homicidio, hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, las determinaciones irregulares detectadas se generaron en diferentes periodos, entre 2015 y 2019. Al parecer, todas desconocieron múltiples normas penales y jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

Contra los dos citados magistrados y el exmagistrado se sigue un proceso similar en etapa de juicio, donde deberán responder por el delito de prevaricato por acción agravado. 

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