¿El acuerdo con las Farc frenarán drogas ilícitas?

En este momento se estima que hay entre 74.000 y 80.000 unidades familiares vinculadas a los cultivos ilícitos en Colombia. Cada unidad familiar, en promedio, está compuesta por cuatro personas recibiendo una renta mensual que no supera los 450.000 mensuales. El número de hectáreas con cultivos ilícitos ha aumentado en 39 por ciento. Hay en total 96.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, en comparación con las 69.000 que había en 2014.

Carlos Medina, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, habló sobre la problemática de las drogas ilícitas, justicia transicional y la Jurisdicción Especial para la Paz, ahora que está en discusión el plebiscito.

El alto funcionario en relación a la solución al problema de las drogas ilícitas se refirió a lo que se reconoce en el acuerdo en La Habana como las conexiones entre el problema de las drogas y el conflicto, lo que hace referencia a quiénes son los actores más afectados con el problema de las drogas y también hablo sobre cuáles son las posibles soluciones que se están dando en el marco del acuerdo en la mesa de negociaciones.

“Las conexiones en términos de causa y conflicto para todos nosotros son absolutamente claras , hay vulnerabilidades asociadas a la pobreza,  a la falta de presencia institucional, a la presencia de estructuras criminales en el territorio que incentivan dinámicas perversas asociadas al problema de las drogas” además agregó que “la lucha contra las drogas en todo el mundo y en particular en el país se ha centrado en dos extremos débiles, los campesinos y los consumidores que son claramente el final de la cadena, estos quizá son los actores más afectados por esta problemática”, dijo Medina.

Para el Viceministro Medina, el problema de las drogas no transformó la vida de los campesinos colombianos, “a estas personas no se les mejoró la calidad de vida, se convirtió en un escenario de supervivencia y de subsistencia frente a la puja de actores criminales en los territorios y este es un elemento que se reconoce en el acuerdo de La Habana”, indicó.

Medina también afirmó que el acuerdo de La Habana implica que la fuerza del Estado se va a dirigir con esa fortaleza a quienes retan al Estado y abusan de esas estructuras o de esas comunidades débiles y vulnerables. El Viceministro durante su visita en la costa caribe también hizo referencia a la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, “no hay un ejemplo en el mundo que haya terminado con una estructura de justicia como el que se construyó para nuestro proceso”, aseguró

Hizo énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tiene como objetivo lograr la búsqueda de la verdad en el marco del conflicto armado tendiendo como objetivo principal a las víctimas y la reparación de las mismas, esta busca la garantía de No repetición, contribuyendo así a la reconciliación.

El alto funcionario explicó los tipos de sanciones que existen: para quienes desde el principio reconozcan y contribuyan con la verdad el alcance de sus responsabilidades las penas serán entre 3 a 5 años, para aquellos que en el camino contribuyan con la verdad serán penas de 5 a 8 años y para las personas que nunca reconozcan la verdad y sean derrotados en juicio las penas serán hasta de 20 años.

“La jurisdicción especial para la paz no admite amnistía ni indulto para los delitos de lesa humanidad  tales como graves crímenes de guerra, tomas de rehenes, secuestro de civiles desaparición forzada, acceso carnal violento, reclutamiento de menores, entre otros”, lo informó Carlos Medina.

El Viceministro de Justicia concluyó su ponencia diciendo que “tenemos que garantizar seguridad en el tratamiento jurídico de las responsabilidades y esto es algo que hace parte del acuerdo de La Habana y de la construcción de la jurisdicción para la paz”.