El conflicto detrás de los bloqueos que frenan la actividad petrolera en el Meta

Las interrupciones a las operaciones petroleras generan pérdidas para el sector, pero también reflejan conflictos laborales y sociales que siguen sin resolverse en el territorio. 

Por Melissa Céspedes 

Los bloqueos a las operaciones petroleras siguen generando tensiones en el Meta. Los gremios advierten sobre las pérdidas económicas y los problemas de seguridad que ocasionan estas interrupciones.

Y es que, durante la reciente Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, la seguridad y la conflictividad social fueron señaladas como factores que inciden en el desarrollo de la industria. Según cifras presentadas por los gremios, Colombia pasó de registrar 473 bloqueos en 2015 a 1.363 en 2025, un incremento del 188 %. Ese último año, las situaciones de orden público también ocasionaron una producción diferida de 10.800 barriles diarios.

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), advirtió que las afectaciones a la infraestructura se han convertido en una situación recurrente para el sector. 

“Operamos con más riesgo: cada día la infraestructura del sector sufre tres afectaciones. Y cada bloqueo es un carrotanque parado en la vía, una cuadrilla que no entra al turno y un proveedor del pueblo que ese mes no factura”, señaló.

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En diálogo con Periódico del Meta, Pearl sostuvo que, “hay que respetar los derechos de la manifestación y la protesta, pero hay que hacer que la ley se cumpla. Uno no puede manifestarse y protestar como una forma de chantaje ni violando los derechos de otros. Entonces hay que tener un equilibrio y un respeto dentro de la ley”, afirmó.

Por parte de la Gobernación del Meta, la secretaria de Gobierno, Andrea Lizcano, explicó que desde 2024 se implementó un decreto para promover mesas de trabajo y atender las inconformidades de las comunidades. La funcionaria indicó que la intención es garantizar la manifestación pacífica y evitar que las movilizaciones afecten a terceros, la movilidad y la economía del departamento.

“Este ejercicio de un derecho legítimo, la libertad de expresarse, reunirse y manifestarse, no puede llegar a reñir con los derechos de otros ciudadanos”, sostuvo Lizcano. 

Desde la Unión Sindical Obrera (USO), Henry Jara Jara, funcionario de Ecopetrol y vicepresidente nacional de la organización, planteó que el aumento de las protestas también está relacionado con el crecimiento de las obras petroleras y las reclamaciones de los trabajadores. Según explicó, entre los motivos recurrentes están los incumplimientos en pagos, la falta de oportunidades para la mano de obra local y los despidos.

“Lo que encontramos es peticiones legítimas tanto de los trabajadores como de las comunidades frente al cumplimiento de las empresas que hoy trabajan para Ecopetrol y para diferentes operadoras”, afirmó.

Jara cuestionó además las modalidades de contratación que, según dijo, generan inestabilidad laboral. Explicó que los contratos marco y las órdenes de servicio de corta duración dejan a trabajadores sin continuidad y provocan nuevas reclamaciones cuando buscan regresar a sus puestos.

Sobre el caso de Chichimene, señaló que el conflicto se originó por la falta de vinculación de trabajadores de la zona. Aseguró que, después de las reclamaciones, Ecopetrol contrató directamente a 33 personas de las áreas de influencia. También cuestionó el fallo que ordenó a una asociación comunal pagar cerca de 4.000 millones de pesos por los daños relacionados con el bloqueo.

Para el dirigente sindical, la solución no está únicamente en atender las manifestaciones, sino en resolver los reclamos que las originan. “Lo único que evita que no haya protestas es que tanto Ecopetrol como las empresas lleguen al territorio a cumplir con la obligación laboral y con los acuerdos que hagan en el tema de incorporación de personas”, sostuvo.