El contrato es el culpable

Por ahora las obras que se realicen correrán por cuenta de los dineros de los colombianos.

La Contraloría ya había advertido que la falta de soluciones de fondo para la vía es responsabilidad tanto de las entidades del Estado como del concesionario Coviandes.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, las gobernaciones, alcaldías, corporaciones regionales y autoridades ambientales, tienen una enorme responsabilidad por no ejercer los controles adecuados de cara a la deforestación, el cambio climático y el uso del suelo, elementos que, considera, inciden de forma directa sobre los deslizamientos de tierra que afectan la normalidad en la vía.

Hay que recordar que la ministra de Transporte, días atrás, mencionó un estudio que da cuenta de que los deslizamientos que obstaculizan la vía han sido provocados por obras humanas que han cambiado la hidrografía de la montaña, en concreto, un galpón de pollos y la construcción de una carretera.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos de la vía Bogotá – Villavicencio no fueron incluidos en el nuevo contrato en ejecución y por lo tanto, mientras este siga vigente, no se les dará una solución definitiva. Así lo aseguró luego de haber realizado una auditoría de cumplimiento al corredor vial.

De acuerdo con el ente de control, la atención de sitios críticos o inestables de la vía “se limita a la limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”.

Irregularidades

En el documento, la CGR también informa sobre el hallazgo de “deficiencias” en el proceso de comparación y selección que efectuó la ANI a la hora de elegir la iniciativa privada que incluía en su estructuración el sector 1 (Bogotá – El Tablón) y el sector 3 (Chirajara- Villavicencio) por encima de la iniciativa pública.

El ente asegura que no se evidencia por qué la propuesta seleccionada fue la privada, que se limita al sector 3, mientras que la pública buscaba atender el corredor en su totalidad para llevarlo a doble calzada.

Por otro lado, la entidad también destacó que en el contrato de concesión vigente se establece que se entregará a Coviandes “el recaudo de los tres peajes existentes en la vía, una vez el Contrato 444 de 1994 y su Adicional 01 de 2010 alcance el Ingreso Real Esperado” con lo que quedaría sin la posibilidad de financiar la construcción de la doble calzada del corredor entre Bogotá y Villavicencio con los ingresos provenientes del uso de la vía.

La CGR también encontró irregularidades fiscales por más de $2.000 millones, de los cuales $1.883 millones corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó públicamente que no está en manos del gobierno revisar el contrato de concesión para la vía Bogotá – Villavicencio.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó públicamente que no está en manos del gobierno revisar el contrato de concesión para la vía Bogotá – Villavicencio. Por ahora las obras que se realicen correrán por cuenta de los dineros de los colombianos. “Yo no puedo terminarle a alguien un contrato que jurídicamente está cumpliendo con sus obligaciones y que se está definiendo en los distintos tramos, a pesar de no estar incluido en el contrato, quién responde por qué”, aseguró Orozco.

Fortalecer la unión para la Orinoquia

Con presencia de más de 20 representantes de empresas e industrias, el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, realizaba al cierre de esta edición una reunión para tomar decisiones conjuntas con relación a la crisis económica que genera la no conectividad terrestre directa con la capital del país, reunión convocada por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), capítulo Meta.

El mandatario local manifestó que si bien el paquete de medidas implementadas por el Gobierno Nacional alivia la problemática, no soluciona las graves consecuencias económicas para sectores como la construcción, alimentos y diferentes gremios.

La propuesta de unión regional fue bien recibida por los empresarios, quienes se mostraron atentos a las disposiciones que se tomen de ahora en adelante. Por su parte la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, dijo que “esperamos que todas las medidas que adoptó el Gobierno nacional sean implementadas lo más pronto posible para aliviar la crisis que atraviesa la región. Desde el Gobierno departamental seguiremos trabajando en las mesas con cada ministerio dentro del territorio para exigir el cumplimiento y poder superar lo más pronto posible la calamidad que atraviesa la Orinoquia”.