El desastre de Medimás

Por: Jorge Robledo
Senador

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que
creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa.

El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos  Palacino devolverle al sistema de Salud 627.000 millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate
mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS. Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.

Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018 la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop- Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc.

La sentencia del Tribunal destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Según el Tribunal, este fue “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede
ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad,
con un solo oferente.

Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.