‘El Meta no debe vivir una situación como el Cauca’: Pedro José Arenas

Para el 22 y 23 de noviembre se tiene programada una nueva mesa con Planeación Nacional y los ministerios de Agricultura y Ambiente para definir una hoja de ruta clara sobre acciones de transformación territorial.

Por Jhon Moreno

Aunque han tenido críticas, la creación de las Mesas de Diálogos de Paz (MDP) resaltan la necesidad de adelantar acciones de transformación territorial desde las comunidades.

Pese a que su objetivo es garantizar con todos los actores de la sociedad, en el corto plazo, diseñar e iniciar procesos situando en el centro a las comunidades, lo cierto es que son estas las que menos han visto sus beneficios.

Pedro José Arenas (P.A.), exalcalde de San José del Guaviare y exrepresentante a la Cámara, es ahora el delegado en la MDP con el estado mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes, que tienen influencia en Meta, Caquetá, Guaviare, parte de Putumayo, norte de Santander, sur de Bolívar y Antioquia, respectivamente.

Desde octubre del año pasado se han completado seis ciclos de conversaciones con un cese al fuego que comenzó de tres meses, luego se amplió en dos ocasiones (seis y tres meses), y actualmente está extendido hasta el 15 de abril de 2025.

Le quedan menos de dos años de gobierno a Gustavo Petro para seguir adelantando la Paz Total y este mecanismo de las mesas es esencial para la consolidación de esta política.

Periódico del Meta (PDM) dialogó con Arenas, a propósito de una audiencia pública realizada en la Asamblea Departamental, sobre las críticas al proceso, lo que viene y los desafíos de volver a dialogar con grupos armados.

PDM: ¿Cuál es su tarea en las MDP?

P.A.: Nuestra tarea como delegados es sentarnos en las mesas de negociación, conformadas por diez personas de nuestra delegación, y negociar directamente con los delegados de las estructuras armadas. Contamos con la presencia de países garantes como Suiza, Irlanda, Noruega y Venezuela, la Unión Europea como observadora, la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias y la misión de la ONU, que nos brindan acompañamiento técnico y logístico. También mantenemos un contacto constante con la Defensoría del Pueblo.

Nuestro rol es liderar las tareas derivadas de los acuerdos alcanzados en cada ciclo de negociación, coordinando con las diferentes entidades del Estado y con los gobiernos territoriales.

PDM: ¿Tienen poder de decisión en la mesa?

P.A: Cada acuerdo, protocolo o mecanismo que se genera en la mesa de negociación, y que requiere validez jurídica, se convierte en un acto administrativo emitido por la Presidencia. Por ejemplo, si se acuerda continuar con el cese al fuego, la decisión final la toma el Presidente (Gustavo Petro), quien emite un decreto que establece el cese de operaciones desde una fecha determinada hasta otra. Lo mismo ocurre con acuerdos que involucran tareas específicas de algún ministerio, con los cuales debemos coordinar. Aunque tenemos poder de decisión en la negociación, no somos responsables de ejecutar los acuerdos.

PDM: ¿Cuál es el balance de la MDP en el departamento del Meta?

P.A: Durante este tiempo, el enfoque ha sido impulsar los planes de transformación territorial, que buscan abordar temas como tierras, medio ambiente y productividad en zonas específicas como los Llanos del Yarí, San Vicente del Caguán, y el sur del Meta. También se están desarrollando iniciativas en el Catatumbo y el noreste de Antioquia. Aunque hemos tenido avances, el proceso de paz enfrenta desafíos, especialmente en materia de seguridad. El Presidente ha subrayado la importancia de proteger a la población civil, garantizando que no haya confrontación directa entre las guerrillas y la Fuerza Pública. Además, se busca reducir el impacto sobre los grupos vulnerables, como niños, niñas y comunidades étnicas.

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PDM: Pero hay zonas donde el Estado no puede hacer presencia por los riesgos…

P.A.: Justamente un aspecto clave es permitir la presencia del Estado y la cooperación internacional en áreas históricamente inaccesibles, como en la zona limítrofe entre Meta, Caquetá y Guaviare, donde el conflicto armado ha impedido el acceso durante décadas. Para ello, hemos propuesto la creación de Comisiones Interinstitucionales y Comunitarias, que cuenten con el apoyo de gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas.

PDM: ¿Quiénes integran esas comisiones?

P.A: En el caso específico del Meta, instalamos una mesa en Puerto Rico, en julio pasado, y en el más reciente ciclo de diálogo acordamos reactivarla. Participaron ocho secretarías de la Gobernación del Meta, Cormacarena, y las alcaldías de Puerto Rico, San José del Guaviare y Vista Hermosa. También estuvieron presentes agencias clave del Gobierno Nacional, como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Además, contamos con el acompañamiento de organismos internacionales, como Naciones Unidas y algunas embajadas.

PDM: La mesa se instaló en julio, han pasado tres meses, ¿hay avances concretos?

P.A:  Sí señor, también adelantamos un ejercicio en Puerto Concordia, donde, a través de mesas de trabajo las comunidades identificaron las prioridades por áreas temáticas en las que el Gobierno Nacional debe intervenir. Ahora, nos corresponde, en una próxima sesión programada para el 22 y 23 de noviembre, trabajar con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Agricultura y Ambiente para definir una hoja de ruta clara sobre esas acciones de transformación territorial.

PDM: ¿Qué se está haciendo para que las MDP tengan un impacto tangible en la vida de las comunidades?

P.A: Sí, en todo momento se ha dejado claro que las tareas de la Fuerza Pública, tanto la Policía como el Ejército, no pueden tener limitaciones ni territorios vedados. Algunos podrían ver una contradicción entre las funciones de seguridad y los esfuerzos de paz, pero esto no es así. Los esfuerzos de paz deben enfocarse en reducir la violencia, mientras que la Fuerza Pública debe seguir cumpliendo con su rol de proteger a la población.

PDM: Sí, porque la seguridad es lo que más se ha deteriorado…

P.A.: En este contexto, se han recibido denuncias, tanto en el Gobierno como en la mesa de diálogos, sobre el aumento de extorsiones y el reclutamiento forzado de menores. Estos temas siempre se abordan en las conversaciones. En el último ciclo se discutió también la necesidad de avanzar en planes de desminado humanitario y el respeto a los firmantes del acuerdo de paz. No puede haber contradicción entre los esfuerzos actuales de paz y el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016. La principal obligación del Gobierno es cumplir con ese acuerdo. Si bien es necesario seguir dialogando con ciertos actores armados, el Gobierno Nacional no puede ceder en su responsabilidad de garantizar las libertades plenas de la población.

PDM: ¿No cree que la figura de ‘gestores de paz’ empieza a restarle credibilidad a los diálogos?

P.A: Con toda franqueza, hay personas que desconfían de este proceso debido a la mala experiencia con el caso de ‘Gafas’, quien fue designado a comienzos del año pasado para trabajar en el proceso de paz. Aunque participó en una mesa en el Cauca, su facción se separó de las conversaciones y él terminó alineándose con quienes continúan en la confrontación. La figura de los gestores de paz es simbólica, porque cuando dos partes acuerdan no agredirse, cualquier acto de agresión, por pequeño que sea, se vuelve intolerable, sin embargo, esta figura no es nueva, ni exclusiva de este gobierno, viene desde los años noventa y ha sido incorporada en las normas de orden público.

Estos gestores tienen la responsabilidad de adelantar tareas de construcción de paz, lo que implica contar con un plan de trabajo que debe ser revisado por un juez. Además, están obligados a presentar informes mensuales y no pueden estar enlistados en la guerra, están en función de la construcción de paz. Aunque ha habido casos criticables, la figura de los gestores de paz sigue siendo valiosa.

PDM: ¿Y los facilitadores como la gobernadora, Rafaela Cortés, qué papel juegan?

P.A.:  Son igualmente valiosos. La gobernadora del Meta fue reconocida como tal. Los facilitadores ayudan a abrir caminos, tender puentes, superar crisis y verificar la real voluntad de paz de los grupos que participan en las mesas de diálogo.

PDM: Usted dijo en su intervención en la Asamblea del Meta que “no hay que normalizar la violencia fuera de los ceses del fuego”, pero es que la gente espera que con estos, baje la violencia…

P.A: Claro, por eso trabajamos constantemente. Algunas personas han expresado su deseo de que el Meta no termine viviendo una situación similar a la del Cauca, y si el proceso de paz puede ayudar a evitarlo, es bienvenido. Sin embargo, debemos seguir exigiendo que el cese al fuego se perfeccione, ya que estos acuerdos siempre pueden mejorar.

PDM: ¿Cómo funciona esta delegación, a qué dependencia está adscrito?

P.A: Somos una delegación designada por el presidente de la República para llevar a cabo las conversaciones con la estructura denominada Estado Mayor Central de las Farc-EP, liderada por alias Iván Losada, Calarcá, Córdoba y John Mechas, en diversas zonas del país. Estas estructuras intentaron una coordinación, pero esa coordinación se rompió este año, en abril, cuando el Presidente suspendió el cese al fuego en el suroccidente de Colombia. Desde entonces, seguimos conversando con las estructuras que permanecieron en la mesa, lideradas por Calarcá, Córdoba, Andrey Avendaño y John Mechas, en zonas como Meta, Caquetá, Guaviare, sur de Bolívar, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia.

PDM: A dos años de terminar el gobierno, ¿es posible todavía la Paz Total?

P.A: Tenemos que seguir insistiendo en ello, claro que sí, tenemos que seguir insistiendo. Uno siempre quiere que estos procesos sean exprés, que sean rápidos, pero no es fácil, siempre aparecen muchas dificultades en el camino. Hay que seguir trabajando en ello y esperamos que sí.