El otro contrato que enreda a Juan Diego Muñoz

Además de lo que está diciendo el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, involucrándolo en el escándalo del desfalco de esa entidad, hay otro contrato que enreda a Juan Diego Muñoz, exrepresentante del Meta con presuntos hechos de corrupción.

Un extenso informe de Noticias Caracol reveló algo que desde antes de la renuncia de Muñoz a su curul se rumoraba: su presunta participación en los sobrecostos de un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) cuando fue secretario Departamental de Educación (2016-2018).

Como se sabe, López dijo que Muñoz y cinco congresistas más participaron de la asignación de un contrato por más de 92.000 millones de pesos que tenía como fin comprar los votos en la Comisión Interparlamentaria del Congreso para aprobar endeudamientos del Gobierno Nacional, señalamiento que ha negado el ministro de Hacienda.

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En los círculos políticos del departamento se sabía que más allá del argumento de su enfermedad “que le ameritaban total dedicación”, su renuncia a la curul en el Congreso también se debía a una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El otro contrato que lo está enredando es el 0503 del 5 de junio del  2016, entre la Gobernación del Meta y la Unión Temporal Alimentos Industriales 2016, por un valor de 8.800 millones de pesos, el cual durante 61 días beneficiaría a 66.000 estudiantes con el PAE.

A pesar de que en la audiencia ante la Corte, conocida por el noticiero, Muñoz dice que el contrato no tuvo ninguna irregularidad y se cumplió en su totalidad, los investigadores creen que puede haber sobrecostos por $1.173 millones, ya que cada ración de comida tuvo un incremento del 15%, en relación con el precio comercial.

Además, la Unión Temporal, habría facturado compras ficticias por más de 1.316 millones de pesos en alimentos, transporte y papelería, servicios que no fueron prestados pero donde se falsificaron documentos de proveedores para poderlos cobrar.

Los sobrecostos están calculados en $2.520 millones, es decir el 28% de la totalidad del dinero del contrato.

El 6 de febrero pasado rindió indagatoria ante la Corte Suprema por cuatro horas, con el magistrado César Reyes. Las pruebas al parecer atemorizaron a sus abogados pues Muñoz renunció a su curul 9 días después, con lo que logró que Corte Suprema de Justicia no lo siguiera investigando.

El proceso, desde el 12 de marzo, la sala de instrucción remitió el expediente a una Fiscalía Delegada en Villavicencio, pero con la advertencia de que “Juan Diego Muñoz posibilitó a favor de terceros la apropiación de recursos del erario, luego de pagar sobrecostos en los alimentos contratados (…)”

En documentos obtenidos por Noticias Caracol, la sala especial de instrucción criminal indica que los pagos por los servicios ficticios que no se prestaron pero sí se cobraron, los tramitó por ventanilla el propio Diego Fernando Morato Gutiérrez, representante legal de la Unión Temporal.

Muñoz siempre ha sido enfático en luchar contra la corrupción, de hecho, su discurso político lo basa en apoyar la educación y enfrentar los actos que vayan en contra de los dineros públicos. El exrepresentante dijo en su defensa que él no tuvo acceso a la información de las facturas y no contaba con el personal idóneo en la secretaría de Educación para poder revisar cada documento en las cuentas de cobro. 

Morato Gutiérrez fue vinculado por peculado y falsedad en documento público por la Fiscalía General de la Nación.