Elecciones en el Meta avanzan bajo alertas por violencia, amenazas y control social

Municipios del sur del Meta aparecen en niveles de riesgo alto y extremo por posibles hechos de violencia en medio de la campaña presidencial. La MOE, la Gobernación, el Ejército y la Defensoría alertaron sobre constreñimiento, presencia armada y polarización política.

Por Daniel E. Jiménez Zambrano

La Misión de Observación Electoral (MOE) para el suroriente del país advirtió sobre un aumento de los riesgos electorales en el Meta de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, especialmente en municipios del sur del departamento donde persisten acciones de grupos armados ilegales, denuncias de constreñimiento al voto y un ambiente de creciente polarización política.

Según explicó a Periódico del Meta, Luis Enrique Amado, coordinador regional de la MOE, la situación electoral actual presenta diferencias frente a procesos anteriores debido al incremento de tensiones sociales, desinformación y violencia asociada al contexto político.

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“Ha sido un ejercicio de observación un tanto exigente, principalmente porque la situación preelectoral se ha caracterizado por mucha desinformación, lo que ha venido generando altos grados de polarización entre los seguidores de las diferentes campañas”, afirmó Amado.

El representante de la MOE indicó que uno de los aspectos que más preocupa es que “las agresiones verbales, la desinformación y las noticias falsas son propagadas muchas veces por personas del común”, lo que, según dijo, está trasladando la confrontación política hacia escenarios sociales y comunitarios.

“La sociedad civil debería defender el certamen electoral de todas estas situaciones que desvirtúan el ejercicio democrático”, agregó.

Municipios con mayor riesgo

De acuerdo con el análisis de la MOE, los municipios de La Macarena, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Mapiripán presentan niveles de riesgo alto y extremo por posibles hechos de violencia en el marco electoral.

“Principalmente esto se debe a acciones que han sido ocasionadas por grupos armados ilegales. Aunque los hechos violentos no necesariamente afecten directamente a un candidato o campaña, sí generan miedo en la población y terminan limitando la participación ciudadana”, explicó Amado.

El coordinador regional señaló que el temor en las comunidades podría traducirse en restricciones para ejercer libremente el derecho al voto.

“Las comunidades empiezan a generar prevención para participar y se empieza a coartar esa libertad que debería existir para salir a votar por quien quieran”, sostuvo.

Las alertas de la MOE coinciden con las denuncias realizadas por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien aseguró que en zonas rurales del departamento se han registrado hechos de carnetización y presunto constreñimiento electoral.

“Ya viene sucediendo desafortunadamente la carnetización en zonas rurales del departamento y por supuesto nos preocupa el constreñimiento al voto”, manifestó la mandataria departamental.

Denuncias sobre panfletos y control territorial

Por su parte, Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, confirmó la circulación de panfletos atribuidos al Frente Éver Castro, estructura disidente de las Farc vinculada al bloque de alias Calarcá.

Según explicó, uno de los documentos fue distribuido durante el periodo de inscripción de cédulas y obligaba a la población de sectores rurales del sur del Meta a participar en el proceso electoral.

“Le pedían a toda la gente del sector donde ellos delinquen que tenían que ir a inscribir sus cédulas para el ejercicio de la elección presidencial”, afirmó la funcionaria.

Lizcano agregó que un segundo panfleto ordenaba a los habitantes portar un carné de Junta de Acción Comunal como mecanismo de identificación, imponiendo incluso multas económicas a quienes no lo tuvieran.

“Aún no hemos conocido que estén direccionando el voto hacia un candidato específico, pero sí existe presión para participar en el proceso electoral”, aclaró.

La funcionaria indicó que la información fue trasladada a la Fiscalía y a los comités de seguimiento electoral, donde participan la Fuerza Pública, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo.

Las denuncias sobre control territorial fueron respaldadas por el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, quien confirmó la existencia de disputas entre estructuras armadas ilegales en el sur del Meta y el Guaviare.

“Hay una disputa por el territorio por parte de las disidencias de Calarcá y de Mordisco. En ese contexto no solo buscan controlar el territorio, sino también la población”, aseguró el oficial.

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Rodríguez indicó que las autoridades tienen información sobre actividades de carnetización de civiles en zonas rurales y señaló que el Ejército adelanta operaciones para contrarrestar estos fenómenos.

“En lo corrido de 2026 tenemos 217 afectaciones a integrantes de estas estructuras solo en el Meta”, afirmó.

El caso Cubarral y la violencia política

La preocupación por la violencia electoral aumentó tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, y de su asesor Eder Fabián Cardona López en zona rural de ese municipio.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos afectan gravemente el ejercicio democrático en los territorios.

“La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales y debilitan la convivencia democrática”, finalizó la entidad desde un comunicado publicado en sus plataformas digitales.