En el limbo, nuevo Centro del Menor Infractor

El proyecto, que inició su construcción en el año 2014, tiene un área de 14.000 metros cuadrados y una capacidad para albergar a unos 100 jóvenes.

La cárcel de Villavicencio no es el único centro carcelario con hacinamiento en la ciudad. Según una investigación de la Defensoría del Pueblo que habla sobre la situación de los centros de reclusión de menores en el país, el Centro del Menor Infractor Aldea Agua Clara de Villavicencio, que atiende a niños de entre los 14 y 17 años, autores o partícipes de delitos penales, también sufre el drama del hacinamiento.

Pero esta no es la única problemática que se presenta en este centro de reclusión, de acuerdo con la misma entidad, las condiciones de salubridad, infraestructura y educación son “deficientes y no cumplen con los estándares mínimos internacionales”.

En este contexto, y para enfrentar las problemáticas que se presentan en el Centro de Atención al Menor Infractor de Villavicencio, la Gobernación del Meta y el municipio de Villavicencio gestionaron en el año 2014 recursos por 5.350 millones de pesos para la construcción del nuevo Centro del Menor Infractor, en el sector del antiguo Hogar geriátrico del Yarí, en la vía Villavicencio-Acacías.

Sin embargo la obra, que se proyectó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Para la Prosperidad Social (DPS), para concentrar en un solo lugar el Sistema Penal para Adolescentes en esta región, y cuyo valor inicial fue de 8.000 millones de pesos, ha tenido una serie de problemas en su ejecución pues requirió de una adición de 3.000 millones en el año 2015. Pese a contar con los recursos para su ejecución, estuvo parada desde diciembre de 2016, por lo que la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), encargada de la ejecución del proyecto, tuvo que realizar en el año 2017 una cesión del contrato por un valor superior a los 11.122 millones de pesos a un nuevo contratista. La firma es Construsar, quien es la encargada de terminar las obras.

Sobre estos retrasos Julián Osorio, gerente de la AIM, señaló que para sacar adelante la obra y reiniciar el proyecto, se le aplicó una multa al contratista anterior por un valor de 500 millones de pesos, sobre un anticipo que se realizó y que no fue bien ejecutado por el mismo contratista.

“Una vez se devuelve ese anticipo, se organiza el contrato y se le da reinicio por parte de este nuevo contratista. En marzo de 2018 arranca un nuevo cronograma de obra para la terminación de este proyecto. Y al finalizar este año la Gobernación del Meta realizó una adición por cerca de 1.700 millones de pesos para la terminación de las redes eléctricas y de alcantarillado que le hacen falta a la obra, sin embargo, estas redes aún no han sido instaladas porque los permisos se están gestionando ante Electrificadora del Meta (EMSA) y Cormacarena respectivamente”, explicó el gerente de la AIM.

Obra terminada

Aunque la obra ya está terminada en su totalidad en la parte física, aún no se tiene una fecha tentativa de entrega del proyecto, ya que Cormacarena no ha concedido los permisos ambientales que se requieren para el uso de aguas residuales en esta zona.

Sobre estos trámites Jonathan Bustos, profesional de Cormacarena, señaló que la AIM radicó desde el año 2010 el inicio de estos trámites y continúo con el proceso hasta el año 2011, periodo en el que se le otorgó por última vez el permiso de aguas superficiales a la AIM, ya que al renovar el trámite tanto de vertimiento como de aguas superficiales, la entidad no cumplió con los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental.

“En el año 2016 venció la licencia del permiso y la AIM no allegó todos los requisitos exigidos en la resolución emitida por Cormacarena, y además, no hicieron el respectivo cumplimiento de la prórroga dentro de los tiempos establecidos para darles nuevamente los permisos.

Ellos trataron de renovarlo nuevamente en el año 2018 pero no cumplieron con la documentación allegada frente a estos requerimientos, tanto el permiso de aguas superficiales, como el permiso de vertimientos, entonces por tal motivo este centro de atención especializada no cumple con la documentación que exige la corporación para iniciar el trámite y otorgar el respectivo permiso”, explicó el profesional de Cormacerena.

Por ahora la entrega del Centro El Yarí, que inició su construcción en el año 2014, y que busca solucionar el problema de hacinamiento que se presenta en el centro del menor infractor Aldea Aguas Claras de Villavicencio, está en el limbo, pues la entrega de estos permisos ambientales ( aguas superficiales y de vertimientos) se pueden demorar entre seis y ocho meses tras la entrega de los documentos exigidos por Cormacarena, informó la autoridad ambiental.

Martha Eugenia Solano Hurtado, directora (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informó que para la construcción, interventoría, dotación y puesta en operación del centro transitorio, centro de servicios judiciales, centro de atención especializada y de internamiento preventivo del Departamento del Meta, el ICBF realizó un aporte superior a los $ 5.736 millones. Según Solano, la operación del Centro estará a cargo de un operador contratado con recursos del ICBF.