Envían a la cárcel a Coronel en retiro y abogada por intentar desviar asignación de tierras en Meta
- Publicado en Nov 01, 2018
- Sección Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de delitos Anticorrupción contra la transparencia ciudadana fueron enviados a prisión Germán Eduardo Ayala Amaya, coronel en retiro del Ejército y actualmente funcionario del Ministerio de Agricultura, además de la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, por hechos que habrían ocurrido entre enero y septiembre de 2018.
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Ante el Juzgado 6o Penal Municipal con función de control de garantías, los detenidos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias de funcionario público y de particular en concurso con cohecho por dar u ofrecer, los cuales no fueron aceptados.
Según argumentó la Fiscalía, la situación se habría presentado cuando los detenidos habrían pretendido influenciar y ofrecer dádivas que sumarían 100 millones de pesos a la Directora de la Unidad de Restitución de Tierras Regional Llanos, Diana Herrera, para que no devolviera el predio a víctimas de grupos armados ilegales en 2002.
AUDIO 2
Los detenidos pretenderían que el terreno con 2.000 hectáreas de extensión avaluado en diez mil millones de pesos, ubicado en el Municipio de Cabuyaro (Meta) fuera adjudicado a un tercero, supuesto comprador de buena fe.
AUDIO 3
Ante los argumentos de la defensa para evitar la medida dictada contra los detenidos, la juez dijo que: “con base en el acervo probatorio presentado por la Fiscalía, los detenidos sí son un peligro para la sociedad, que en el caso del ex militar, por ejemplo; luego de combatir por muchos años grupos armados ilegales que causaron desplazamiento ahora, al parecer, estaría pretendiendo perjudicar a las víctimas”.
Dentro de la audiencia se conoció que la víctima, propietaria de los terrenos estaría siendo amenazada, por lo cual, la Fiscalía investiga para dar con los responsables.
AUDIO 4
Por estos hechos, los implicados podrían ser condenados a penas de entre 5 y 10 años de prisión, en caso de ser hallados responsables de los delitos imputados.
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