Las aulas y las dosis mínima

Periódico del Meta consultó a la comunidad educativa sobre el efecto que la restricción de la dosis personal ha tenido en los colegios. Tema de debate.

El primero de octubre entró en vigencia el decreto presidencial que prohibió el porte de la dosis mínima. En Villavicencio, una ciudad donde se ha disparado el consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes, las autoridades han incautado en las primeras semanas de la medida 14.715 dosis de marihuana.

Sin embargo la norma, que penaliza incluso el porte de la dosis permitida que equivale a 20 gramos, es vista por algunos jóvenes universitarios como una medida anticuada y represiva, que no soluciona el problema de fondo y sí criminaliza el consumo. ¿Qué opina la comunidad educativa del decomiso de la dosis mínima?

Periódico del Meta conversó con algunos rectores de colegios y universidades de Villavicencio sobre la implementación del Decreto presidencial y si sirve para combatir el consumo de drogas entre los estudiantes. Aunque muchos de ellos consideran que la medida es una herramienta que ayudará a luchar contra este flagelo, otros creen que la mejor forma de acabar con la droga es la prevención.

Para José del Carmen Pérez, rector Colegio Inem de Villavicencio, decomisar la droga no es la mejor solución para enfrentar la realidad sobre el consumo de alucinógenos entre estudiantes. Para él, el Decreto presidencial es un paño de agua tibia que busca, entre otras cosas, subsanar el daño que se generó en los jóvenes con la legalización de la dosis mínima.

“Hay que buscar alternativas en ese sentido. El decomiso se hace en lugares públicos, pero en los hogares, donde de una u otra manera se hace de forma libre, sigue el consumo”, señala el docente.

En su experiencia considera que una de las alternativas más eficaces para acabar con el consumo de droga debe hacerse desde el hogar, pues la prevención es una responsabilidad de los padres, que deben estar pendientes de las actividades que realizan sus hijos y sobre todo de los hábitos que toman, para evitar que se adopten prácticas como el consumo de sustancias prohibidas.

Para el rector de esta institución, otra alternativa que debería usarse para combatir este flagelo tiene que ver con la implementación de políticas públicas por parte del Estado, que permitan tratar la drogadicción y educar a la población sobre el tema para evitar que más jóvenes caigan en el mundo de las drogas.

“Ante la falta de estas políticas, se vuelve muy complejo minimizar la problemática de la droga tanto en espacios públicos como cerrados”, reitera.

En esta institución pública, hay 2.900 estudiantes. De estos, se han identificado 30 o 40 casos de jóvenes con problemas de drogadicción, que se han venido tratando con padres de familia y policía de menores.

Una alternativa similar expone Sandra Bernal, rectora del colegio Juan Pablo II, quien aprueba en su totalidad las acciones que adelanta el Gobierno Nacional para reducir el consumo de drogas entre jóvenes. Sin embargo, desde su óptica hace falta acompañamiento a los jóvenes.

“El Decreto presidencial brinda herramientas para luchar contra los expendedores de droga. Desde la mirada de la dirección y también en lo personal, lo vemos muy conveniente. Esperamos que esto reduzca, por lo menos, la libertad con la que expendedores y jíbaros se movían afuera de colegios y universidades”, asegura la rectora.

Para la docente, en colegios públicos el terreno que ha ganado el consumo de drogas, es altísimo. Así mismo la forma como están captando nuevos consumidores, es aterradora. “La libertad y permisividad con que se ha manejado el tema de la droga en el país ha dejado consecuencias, que hasta ahora vemos”, señala.

En su opinión, ha hecho falta control, supervisión, acompañamiento y prevención en los hogares, pues es en ese entorno, donde los jóvenes tienen la libertad para escoger y tomar decisiones que de una u otra manera afectan su desarrollo personal. En este caso, el consumo de drogas.

“Es muy marcada la libertad con la que los padres hoy en día permiten que sus hijos salgan, se reúnan y permanezcan varias horas fuera del hogar sin supervisión alguna, ya que en esos espacios están totalmente expuestos y es ahí donde toman malas decisiones”, asegura la rectora del Juan Pablo II.

Bernal dice que lo más preocupante del asunto, es cuando les descargan esta responsabilidad a los colegios, pues cuando esto ocurre, los señalamientos no se hacen esperar.

“El colegio no está para eso, sino para complementar acciones de casa. A nosotros nos corresponde la ciencia, fortalecer los valores y principios de los que traen de casa, pero la tarea no es solo del colegio”, recalca.

Pablo Emilio Cruz, rector de la Universidad de los Llanos (Unillanos), va en una línea similar a la del gobierno, pero al igual que otros rectores, considera que el Decreto presidencial no solucionará la realidad sobre el consumo de drogas entre estudiantes.

“La decisión de Duque no podría, por sí sola, ser solución a un tema que de fondo involucra a estructuras criminales y que se relaciona con el comportamiento de los estudiantes”, asegura.

Para Cruz, que tiene a cargo 6.000 estudiantes, el Decreto debe desarrollarse primero en los hogares, que deben ligarse a un modelo de educación de prevención frente al consumo de drogas.

“Hay que apuntarle a eso, a la educación. Los problemas de drogadicción en Colombia no se van a eliminar con Decretos, sino con acciones concretas que hagan cambiar los modelos culturales y el pensamiento de los ciudadanos”, enfatiza.

En su opinión, los colegios también son importantes en este aspecto, pero no se puede descargar en ellos toda la responsabilidad del consumo de drogas, porque las cargas deben ser equivalentes.

Por: Yessica Salgado