Falsos líderes sociales usurpaban violentamente tierras en el Meta

Líderes sociales y representantes legales de asociaciones de familias campesinas aprovechaban esta condición para invadir violentamente predios, usurparlos y luego venderlos.

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Así lo determinó un trabajo investigativo que duró más de nueve meses, en el que las autoridades lograron identificar este grupo delincuencial, conformado por seis hombres y dos mujeres, quienes mediante constreñimiento e intimidación con armas de fuego invadían grandes extensiones de tierra privada, para posteriormente fraccionarlas y comercializarlas ilegalmente bajo la fachada de una asociación dedicada a este tipo de actividades.

Estas conductas delictivas ponían en riesgo el patrimonio económico de los ciudadanos en Villavicencio y otros municipios del departamento del Meta como Acacías, Granada y Guamal, entre otros, donde desarrollaban mediante la estrategia de ser líderes sociales una gran cantidad de delitos con las tierras.

Cuatro de los integrantes de este grupo delincuencial, entre ellos dos mujeres conocidas como “La Tierrera” y “La Mona”, así como dos hombres conocidos como “El Calvo” y “El Jurídico”; aprovechaban su condición de líderes sociales para ganarse la confianza de sus víctimas.

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Del mismo modo, las autoridades lograron vincular a cuatro hombres más a este proceso investigativo, conocidos como “Marlon”, “Puñaladas”, “Chamizo” y “Candado”; los cuales eran encargados de las intimidaciones a la ciudadanía para los desplazamientos y los cobros de los predios que comercializaban ilegalmente bajo la figura del derecho de posesión.

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hicieron posible que se expidieran las órdenes de captura mediante orden judicial en contra de estas ocho personas, las cuales se hicieron efectivas en los barrios Nueva Colombia, Trece de Mayo, Betty Camacho, La reliquia y la vereda Caños Negros en Villavicencio, así como en el municipio de Granada en el barrio La Sabana.

Su modus operandi consistía en realizar desplazamientos forzados a los propietarios de diferentes tierras, haciéndose pasar por un grupo de crimen organizado y posteriormente utilizar familias de escasos recursos para invadir los predios, tratando de evadir la acción preventiva de 48 horas que tienen las autoridades para los desalojos.

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Una vez lograban la usurpación de las tierras, exigían entre 10 y 15 millones de pesos por cada lote, creando asentamientos ilegales de vivienda con defraudación de fluidos como el servicio de energía, incluso, realizaban exigencias económicas a la ciudadanía en general para permitirles el tránsito por las vías principales de estos asentamientos ilegales; obligando a las personas que negaban a cumplir con las exigencias a abandonar estos lugares.

Los integrantes de este grupo delincuencial común organizado fueron presentados en audiencia ante un Juez de Control de Garantías, quien valorará los elementos materiales probatorios y evidencias físicas presentadas por la Fiscalía, y será la justicia quien defina su situación legal.