Magistrados, nuevamente en enredos

Los magistrados deberán demostrar sui inocencia, ante las graves acusaciones de los testigos que tiene la Fiscalía.

Son 77 testigos, entre condenados, investigadores y abogados, en juicio de la Fiscalía ante la Corte contra los magistrados Alcibíades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño y Fausto Rubén Díaz Rodríguez. Ellos deberán demostrar que lo que dicen los delincuentes es falso.

A otra sesión de juicio oral irán los magistrados, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibíades Vargas Bautista, integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, además del ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

Todos comparecerán dentro del más escandaloso caso por supuestos hechos de corrupción judicial y que investiga la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por haber proferido decisiones contrarias a la ley para beneficio de “capos” del narcotráfico y la “viuda de Autorrollings” Marbellí Sofía Jiménez Pérez.

En el caso de Jiménez, se trata de la autora intelectual o determinadora de cinco muertes, entre propietario, familiares y empleados de la Serviteca Autorrollings en el Meta, ocurrida entre los años 2008 a 2010.

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La fiscalía tiene una lista de 77 testigos claves a los cuales los ha ido evacuando poco a poco en las 13 audiencias ya realizadas en la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos, aparecen precisamente cabecillas que habrían pagado gruesas sumas de dinero, para que los togados les concedieran rebajas de penas y beneficios como la prisión domiciliaria.

Claves en el juicio

Herman Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín, capo de la oficina de Envigado, condenado a 20 años de prisión por un juez de Medellín, en vista de que allá le negaron la casa por cárcel y también en Bogotá, buscó a las ‘justicia’ de Villavicencio.

Pagó más de $2.000 millones para conseguir el beneficio, dinero que se repartieron entre los magistrados y algunos jueces, para la detención domiciliaria en el municipio de Puerto López, y de donde se fugó en el año 2014. Posteriormente fue recapturado.

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Danit Darío Doria, alias ‘Bacalao’, hizo parte del cartel de los cinco narcos más buscados en el país; Martín Farfán Díaz González, alias ‘Pijarbey’, quien mucho después fue dado de baja por el Ejército en la inspección de Tresmatas (Cumaribo, Vichada), y Edison Guillermo Velásquez, alias ‘Farid, también estuvieron en la lista de beneficiados por la ‘justicia’, de acuerdo con lo que señala el expediente de la Fiscalía.

Por estos casos y otros, el organismo investigador cuestiona las sumas de dinero que poseen en cuentas bancarias familiares de los tres magistrados, cuyos movimientos son injustificados dice la Fiscalía, al asegurar que tiene los registros de las transacciones.

Refieren los que le han seguido la pista al caso que entre los años 2010 y 2015, en la familia de Trejos Londoño, hay consignaciones sin explicar por 225 millones 146.266 pesos.  En la familia de Vargas Bautista, actual presidente de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, $244 millones 535.841, y en la de Díaz Rodríguez, $927 millones 557.115.

Autorrollings

Por otra parte, surgieron graves acusaciones contra los mismos magistrados cuestionados, por parte de Marbellí Sofía Jiménez, condenada por el caso Autorrollings en Villavicencio.

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Dijo, que ella y alias ‘Manopicha’ entregaron 150 millones de pesos al abogado, Juan José Velásquez, para que los hiciera llegar a los magistrados, con una promesa de pago de otros 3.000 millones de pesos.

A cambio, el magistrado, Alcibíades Vargas Bautista, a quien le correspondió por reparto resolver la apelación de segunda instancia, mantendría engavetado el proceso por varios años, hasta que prescribiera la acción penal y así Marbellí pudiera quedar libre.

La llamada ‘viuda de Autorrollings’ contó en el juicio hace dos semanas, que ella contrató mujeres para que sirvieran de dama de compañía a los magistrados, que se reunían para “echar Whisky y rumbear” en el Hotel Paloverde, ubicado en la vereda de Apiay, área rural de Villavicencio.

Ella pagaba el trago, comida y prostitutas, con tal de que los magistrados sostuvieran el compromiso. Pero ante la presión de los medios periodísticos, como el programa de Caracol Séptimo Día, así como las Acciones de Tutela y denuncias que surgieron contra los magistrados por la dilación en resolver la apelación, cinco años después desengavetaron el proceso y al parecer hicieron trizas el acuerdo con Sofía, subiendo la pena a 52 años de cárcel, ante la presión de la Corte Suprema.

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