Firmantes, sin ‘paz’ en Mesetas

El resurgir del conflicto armado en el país continúa golpeando de a poco al departamento del Meta y los avances del acuerdo de paz en este.

Por Lina Herrera

El rebrote del conflicto en el Meta llevó a que las 88 personas que conforman el Núcleo de Reincorporación (NAR) ‘Libertad Simón Trinidad’, ubicado en la vereda Nueva Esperanza, zona rural de Mesetas, tuvieran que someterse al desplazamiento.

Así lo anunciaron en un comunicado, en el que informaron que, desde el pasado 25 de febrero, se desplazarían a otras regiones donde puedan continuar con sus procesos de reincorporación sin el temor constante de ser atacados. 

En el documento, los excombatientes denunciaron que la situación de seguridad en la zona es insostenible, lo que ha llevado a varios de ellos a perder sus hogares y romper los lazos comunitarios que habían construido desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Cabe mencionar que, la crisis de seguridad en Mesetas no es un fenómeno reciente. En mayo de 2023, más de 200 firmantes de paz que residían en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) La Guajira ya habían advertido sobre las amenazas y extorsiones por parte de disidencias de las Farc, lo que obligó su reubicación.

Es tanto la gravedad que puede enfrentar este municipio, que, en la Alerta Temprana N°001-2025, la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos de carácter extremo y alto para la población civil en 45 municipios.

Esto, por el comienzo y la expansión de la disputa armada entre las facciones disidentes del antes Estado Mayor Central (EMC), ahora divido en las unidades bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y las leales a alias ‘Iván Mordisco’.

En el Meta, nueve municipios se encuentran en riesgo alto: Mapiripán, Lejanías, Vista Hermosa, Uribe, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, y La Macarena. Y uno solo en riesgo extremo: Mesetas.

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Ante el anuncio del desplazamiento, el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del Meta (CTPRC) expresó su solidaridad con los firmantes y rechazó la situación que enfrentan. En un pronunciamiento oficial, el Consejo hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que garanticen la vida y la seguridad de los excombatientes y sus familias.

“Exigimos respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Convocamos a la sociedad a defender la vida digna de los hombres y mujeres de la patria. Exhortamos al Estado para que implemente las medidas necesarias que garantice la viday la seguridad integral de esta comunidad constructora de paz”, señala el comunicado del CTPRC.

Tras anunciar su desplazamiento, el grupo de firmantes presentó este 25 de febrero un pliego de peticiones dirigido al Gobierno Nacional. En el documento, la comunidad expone la emergencia humanitaria que enfrenta y exige respuestas inmediatas para garantizar su reubicación segura y la continuidad de su proceso de reincorporación.

Cuatro puntos clave

 Un plan integral de evacuación:  la comunidad solicita transporte y apoyo logístico para trasladar a las familias, sus bienes y proyectos productivos. Además, exigen protocolos de seguridad durante todas las etapas del desplazamiento y acompañamiento de organismos de derechos humanos.

Coordinación interinstitucional para la garantía de derechos: piden que se articule la acción de entidades nacionales y locales para garantizar el acceso a salud, educación, atención psicosocial, alimentación y condiciones de vida digna en el nuevo asentamiento.

Atención humanitaria en el lugar de acogida: solicitan el suministro de agua potable, saneamiento básico, colchonetas, baterías sanitarias y alimentación mientras se concreta su reubicación definitiva.

Acceso a tierras y solución definitiva: exigen la adjudicación de un predio en San Juan de Arama, donde puedan establecerse de manera definitiva con viviendas dignas y acceso a servicios esenciales. También piden garantías para el desarrollo de proyectos productivos que les permitan sostenerse económicamente.

Los firmantes de paz insisten en que su desplazamiento no es voluntario, sino el resultado de la falta de garantías para su seguridad. Por ello, exigen que el Gobierno Nacional actúe con urgencia para evitar una crisis humanitaria y garantizar la implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad.

Actuar del Gobierno

En respuesta, este martes se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), en el que participaron representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales y departamentales, junto a organismos de protección. En este espacio se acordaron varias acciones para atender la emergencia, incluyendo la activación de la ruta de atención al desplazamiento forzado.

Asimismo, la revisión de predios para reubicación, con la activación de la mesa de tierras para buscar opciones distintas a las ofrecidas previamente por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Se aseguró, además, que la Fuerza Pública acompañará el traslado de los firmantes.

“El ICBF garantizará la atención a la primera infancia y la ARN seguirá asegurando los beneficios a la población firmante del NAR, incluyendo asignación mensual y apoyos económicos”, indicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.