Fiscalía judicializa a cuatro personas por presunta extorsión en Villavicencio
- Publicado en Abr 22, 2026
- Sección Judicial, Lo Mas Reciente
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de cuatro personas, entre ellas dos miembros activos de la Policía y un suboficial retirado, señalados de presuntamente exigir dinero a una mujer en zona rural de Villavicencio a cambio de eliminar registros penales falsos.
De acuerdo con el ente acusador, los intendentes de la Sijin de la Policía Nacional de Colombia, Nelson Montero Martínez y Fabián Enciso Flórez, junto con el suboficial retirado Audel Jaber Urrego Arévalo y el civil Rubén Darío Barrios Pardo, habrían participado en las exigencias económicas ilegales.
Un fiscal de la Seccional Meta les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concusión y extorsión agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.
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Presión y exigencias reiteradas
Según el material probatorio recopilado, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando los implicados se habrían presentado en la vivienda de la víctima, ubicada en el área rural del oriente de Villavicencio. Allí, bajo el argumento de una supuesta vinculación con un grupo criminal, le habrían solicitado identificarse.
La investigación indica que, posteriormente, la mujer fue objeto de reiteradas exigencias de dinero con la promesa de eliminar antecedentes judiciales que, según la Fiscalía, serían falsos. Este patrón de presión económica configura, de acuerdo con el ente investigador, un posible abuso de poder y uso indebido de funciones oficiales.
Medidas judiciales
Por disposición de un juez de control de garantías, Nelson Montero Martínez y Audel Jaber Urrego Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial. En el caso de los otros dos implicados, continuarán vinculados a la investigación bajo las condiciones definidas por la autoridad judicial.
Análisis: abuso institucional y confianza pública
El caso pone nuevamente en discusión los riesgos de corrupción dentro de estructuras encargadas de la seguridad y la investigación criminal. La presunta participación de funcionarios activos en este tipo de conductas no solo implica posibles responsabilidades penales individuales, sino que también afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
La Fiscalía no se refirió a posibles nuevas víctimas, pero el avance del proceso podría permitir establecer si existieron más casos similares bajo el mismo esquema. Entretanto, las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la totalidad de responsabilidades.
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