“Fiscalía no tiene certeza por supuestos sobornos en contratación”: Jueza Segunda

La Jueza Segunda Penal con función de Control de Garantías, Sandra Bolívar, aseguró este viernes que la Fiscalía General aún no tiene la certeza de que los desprendibles de giros que se expusieron como evidencia el pasado, lunes durante otro trámite judicial, se hayan realizado o correspondan a sobornos por la compra de equipos médicos para la ESE Departamental, Solución  Salud.

Ante la petición de la Procuradora Delegada de iniciar investigaciones contra Wilmar Barbosa y Alan Jara porque supuestamente recibieron  coimas, la administradora de justicia sostuvo que “no puede hacer alusión a los nombres de estas personas por unas iniciales”, que fue lo que divulgó la Fiscalía durante la audiencia del lunes anterior y divulgaron algunos medios de comunicación.

La jueza sí ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo si las personas relacionadas en los documentos que encontraron en los allanamientos a un contratista corresponden al exgobernador, Alan Jara, al alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa y al secretario Privado de la Alcaldía, Jacobo Matus. Pero hasta tanto haya pruebas contundentes, no se pueden vincular formalmente al caso.

De otra parte, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional Meta imputó a tres personas, como presuntas responsables de supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos básicos y elementos para urgencias, hospitalización y laboratorio, para 18 municipios del departamento.

El contrato investigado por la Fiscalía ascendió a $37.142’093.218 y fue suscrito en 2015, entre la E.S.E. Solución Salud y la firma Global Environment and Health Solutions, con sucursal en Colombia.

 Ante el Juzgado 2° Penal Municipal de Villavicencio, la Fiscalía formuló cargos por falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo.

Los procesados son: Manuel Francisco Vásquez Pérez, supervisor del contrato; Ricardo Geiler Garcés, contratista; y Magda Giovanna Guerrero Baron, interventora del contrato.El juez de control de garantías emitirá su decisión respecto a la situación jurídica de estas tres personas, el próximo 20 de marzo a las 2:30 pm.

Por estos hechos, también son investigados, aunque sin medida de aseguramiento Sandra Milena Buitrago Acosta, exgerente de la ESE, quien habría realizado los estudios de conveniencia y análisis de los costos, además de suscribir el contrato y ordenar el pago en 2015.

Danny Alberto Álvarez Sanabria, profesional de compras de la ESE, Óscar Ignacio Cardozo Baquero, ex subgerente asistencial y Fabián Alberto Saavedra Ríos, exjefe de la Oficina Jurídica de esa entidad. Estas cuatro personas fueron imputadas por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el 4 de agosto de 2017, ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Bogotá.