Fotomultas, ‘una selfie’ al debate

En el 2016 fueron impuestos 24.458 comparendos por detección electrónica en Villavicencio. Si esa cifra se divide por el número de días del año, el resultado es que el año pasado las autoridades de tránsito realizaron 67 comparendos diarios por infracciones captadas por las cámaras.

Este sistema ha sido criticado en Villavicencio porque es operado por un actor privado, en este caso el consorcio Servicios de Tránsito de Villavicencio (Sertravi), que en el 2010 ganó un contrato de concesión por diez años que le permite operar, además del Registro de Infracciones, el Registro Municipal de Conductores, el Registro Municipal de Transporte Público y el Registro Municipal Automotor.

Son varias las críticas que se le han hecho a este sistema. Precisamente, una de ellas es que el operador privado obtenga ganancias del cobro de las infracciones. Según datos de la Secretaría de Movilidad, del total del valor del comparendo, a Sertravi le corresponde un equivalente al 16%.

En el caso de los comparendos que se pagan a tiempo, que obtienen un descuento de 50%, la cifra sería de cerca de 30.000 pesos. Cuando el cobro del comparendo es total,  por ejemplo de 388.000 pesos, como en el caso de la multa por mal estacionamiento, a la consorcio, en teoría, le quedan alrededor de 60.000 pesos. Según Gina Paola Torres, gerente de Sertravi, en el año 2016 el consorcio recibió cerca de 940 millones de pesos por la operación del contrato.

Seguridad

Sin embargo, al margen de las ganancias, sobre el sistema de fotodetección de infracciones también pesa la discusión de la seguridad y la responsabilidad vial. De los 24.458 comparendos por fotodetección del 2016, 17.868 fueron por mal estacionamiento; 4.718 fueron por exceso de velocidad; 765 por no tener al día la revisión técnico mecánica; 718 por desobedecer el pico y placa; 300 por problemas con el SOAT y 68 por bloqueo de calzada, entre otras razones.

De hecho, la principal defensa de las autoridades es que si los conductores no cometen ninguna infracción, no van a ser perjudicados por las fotomultas.

 “Nosotros no le imponemos ninguna infracción de tránsito a una persona que sigue las reglas de tránsito. Aquellas personas que en algún momento contravienen las reglas de tránsito están expuestas a que se les imponga una posible infracción”, defiende Iván Baquero, secretario de Movilidad de Villavicencio.

Pero este argumento no responde a algunas críticas concretas como la de Miguel González, reconocido líder gremial de los taxistas, que ha puesto sobre la mesa el hecho de que solo estén disponibles cuatro o cinco funcionarios para atender las solicitudes de audiencias, en las que los presuntos infractores pueden defenderse. En el caso de los taxistas, uno de los reclamos de defensa más reiterados tiene que ver con la necesidad de estacionarse por un corto periodo para recoger o descargar clientes en zonas en las que se no puede estacionar, debido a lo cual podría verse perjudicado su trabajo. Adicionalmente, González ha dicho que una de las razones por las cuales la mayoría de personas paga el comparendo es que las solicitudes de audiencia tardan mucho en realizarse, a veces incluso meses.  

En cifras, la denuncia de González se respalda en que, el año pasado, tan solo se realizaron 115 audiencias de defensa para los más de 24 mil comparendos, lo cual podría indicar falta de capacidad instalada para responder las solicitud. Sin embargo, el hecho de que 10.957 personas hayan pagado el comparendo también podría deberse al descuento del 50% que se hace a las personas que pagan a tiempo. Además, del año pasado hay más de 3.214 morosos en temas de comparendos por fotodetección.

Otro problema que se ha presentado es que también ha habido demoras en la comunicación del comparendo, del cual debería informarse a la persona afectada antes de tres días. El personero de Villavicencio, Marlon Cabrera, asegura que, desde diciembre del 2015 a febrero del 2017, su oficina  ha llevado a cabo 600 actividades relacionadas con intervenciones, asesorías y acciones de tutela solicitadas por la ciudadanía a raíz de las fotomultas. “El indicador más alto obedece a la afectación al debido proceso, en ocasión de que se les comunica pasado el término de tres días, es decir, fácilmente a los tres, cuatro, inclusive seis meses después se les comunicaba”, afirma Cabrera.

¿Solo para los de ruana?

También ha habido quejas por los sectores en los que se ubican las cámaras de fotodetección. En su intervención en una sesión del Concejo de Villavicencio en la que se trató el tema, algunos líderes comunales reclamaron porque, en su criterio, la Secretaría de Movilidad —encargada de definir las rutas y las vías que se vigilan con las cámaras— solo se fijaba en sectores populares y no vigilaba sectores de estratos altos.

Por otra parte, frente a un informe de la Contraloría del año pasado, la gerente de Sertravi, Gina Paola Torres, respondió que: “Es importante aclarar que los hallazgos de ocho mil millones de pesos corresponden a una auditoría especial realizada el año pasado y tiene que ver con un presunto detrimento patrimonial que encuentra la contraloría sobre el cobro coactivo, el cual no recae sobre el consorcio Sertravi”. Respecto a ese tema, el secretario de Movilidad, Iván Baquero, dice que se han tomado las medidas correspondientes.

 De cualquier modo, la defensa de la Secretaría de Movilidad se ha centrado en la estrategia de disminución de muertes por accidentes viales en el 2016, durante el cual se presentaron 96 fallecimientos por accidentes, un número menor en comparación con los 117 fallecidos por accidentes en el 2015.

Al respecto, durante la ya citada sesión del Concejo intervino un joven que trabaja con la Secretaría de Movilidad en una campaña de cultura vial. El joven dijo que, en su opinión, las protestas y las quejas por la fotodetección “son simplemente máscaras y fachadas para el problema de la falta de cultura y conciencia a la hora de subirse a un automóvil”.