Gobierno activa la emergencia económica para enfrentar los efectos del terremoto

El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en 14 departamentos del país. La medida permitirá expedir decretos con fuerza de ley para agilizar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas impactadas.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1261 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella y su gabinete, tras considerar que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes para responder a la magnitud de los daños ocasionados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el Gobierno, la declaratoria también cobijará a otros municipios donde posteriormente se demuestre que hubo afectaciones derivadas del terremoto.

Con esta medida, el Ejecutivo podrá adoptar acciones extraordinarias en materia presupuestal, contractual, financiera, tributaria y crediticia para acelerar la atención de los damnificados y la recuperación de la infraestructura afectada. El decreto aclara que estas facultades tendrán un carácter temporal y estarán dirigidas exclusivamente a enfrentar las consecuencias de la calamidad.

Lea: El escandaloso billón de pesos perdido en la reforma agraria de la ANT

Uno de los principales frentes de intervención será la atención a las familias que perdieron sus viviendas. Para ello, el Gobierno podrá ampliar y flexibilizar los subsidios de vivienda, facilitar procesos de reasentamiento y habilitar alojamientos temporales. Además, se contemplan medidas especiales en materia de licenciamiento urbanístico, uso del suelo y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial, respetando la autonomía de las entidades territoriales.

La emergencia también permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en las zonas afectadas, garantizar la continuidad de la atención médica y de la afiliación al sistema de seguridad social. En el sector educativo se habilitarán mecanismos para contratar acompañamiento pedagógico y psicosocial, adquirir mobiliario y equipos, y asegurar la prestación del Programa de Alimentación Escolar cuando las instituciones hayan resultado afectadas.

En materia de infraestructura, el Gobierno podrá intervenir vías y obras de competencia territorial cuando las autoridades locales no cuenten con la capacidad suficiente para hacerlo. Asimismo, se flexibilizarán algunos procedimientos para restablecer los servicios de telecomunicaciones en las regiones impactadas.

El decreto también contempla medidas para facilitar el acceso al crédito mediante subsidios, garantías y períodos de gracia para las personas y sectores productivos afectados. A esto se suma la posibilidad de movilizar recursos del Sistema General de Regalías, ampliar temporalmente el mecanismo de Obras por Impuestos y destinar bienes administrados por el FRISCO a la instalación de albergues, centros de acopio y otras obras relacionadas con la recuperación de las zonas damnificadas.

La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días, periodo durante el cual el Gobierno expedirá las medidas necesarias para atender la emergencia y avanzar en el proceso de reconstrucción de las regiones afectadas.