Gremios rechazan cambios en régimen de retención en la fuente

El Decreto 0572 de 2025, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, ha encendido las alarmas en diversos sectores económicos del país. Aunque no se trata formalmente de una reforma tributaria, en la práctica impone nuevos requisitos fiscales, amplía el espectro de retención en la fuente y aumenta tarifas para varios sectores. Para el abogado Juan Pablo Suárez, socio líder del área de Derecho Tributario y Planeación Patrimonial de CMM Estudio Legal, este decreto es «una tributaria camuflada por decreto».

En entrevista con SEMANA, Suárez sostuvo: “No me cabe la menor duda. El Decreto 0572 de 2025 no es técnicamente una ley de financiamiento ni una reforma tributaria, pero funciona como tal. Cambia las reglas del juego a mitad de camino aumentando tarifas, reduciendo exenciones y ampliando el alcance de la retención en la fuente. Eso es, en la práctica, una reforma tributaria camuflada por decreto, sin pasar por el Congreso ni someterse al debate democrático”.

Suárez resume los puntos fundamentales de la norma en tres aspectos: la reducción de los umbrales para aplicar retención, el incremento de tarifas y la eliminación de beneficios fiscales. Por ejemplo, el umbral para aplicar retención a pagos por servicios pasó de 4 UVT a 2 UVT (menos de $100.000), lo que implica que más transacciones estarán sujetas a retención. Asimismo, aumentan las tarifas de autorretención hasta un 4,5 % dependiendo del sector económico, y se eliminan exenciones clave, como las que aplicaban para compras agropecuarias.

¿Quiénes pagarán más?

“Prácticamente todos los sectores productivos”, afirma Suárez. El experto destaca impactos significativos en sectores como el inmobiliario, agroindustrial, farmacéutico, tecnológico, salud y energético. En el caso de la venta de viviendas, se crea una estructura de doble umbral: el primer tramo (hasta $497,9 millones) mantiene una retención del 1 %, mientras que el excedente será gravado al 2,5 %. Si el inmueble no es de vivienda, se aplicará esta última tarifa sobre el total.

Un ejemplo: antes del decreto, por una venta de vivienda por $1.000 millones se retenían $10 millones. Ahora, bajo las nuevas reglas, la retención ascendería a $17,5 millones; y si no fuera vivienda, a $25 millones.

Aunque el Estatuto Tributario permite al Gobierno fijar retenciones como mecanismo de recaudo anticipado, para Suárez el problema está en el uso excesivo de esa figura: “No es legítimo abusar de esa figura para tapar el hueco de un presupuesto desfinanciado y sin aprobación del Congreso. Es un uso extremo que raya en el abuso del poder reglamentario”, advierte.

Según el experto, esto afecta gravemente la planeación financiera de las empresas, crea saldos a favor difíciles de recuperar, e introduce incertidumbre jurídica: “Las empresas que habían hecho su planeación financiera con reglas claras, ahora se enfrentan a un cambio abrupto, inesperado y de alto impacto”.

Las implicaciones para las empresas pueden ser serias. Suárez expone el caso de una pyme de servicios que factura $30 millones mensuales. Con el cambio de umbral, se le retendría más dinero por cada transacción, disminuyendo su liquidez y, por ende, su capacidad para contratar, invertir o simplemente operar.

En una escala mayor, menciona a una farmacéutica con ventas anuales de $5.000 millones: con la tarifa anterior (0,8 %), le retenían $40 millones; con la nueva (1,20 %), serán $60 millones. Un aumento del 50 %, sin que la empresa haya incrementado ventas o utilidades.

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Más allá de los efectos inmediatos, Suárez alerta sobre el mensaje que el Gobierno envía al cambiar las reglas a mitad del año: “No importa si el contribuyente paga bien, si planea, si proyecta. El Estado puede cambiar las reglas en cualquier momento, sin previo aviso. Y eso, en cualquier economía, es una señal de alerta”.

El experto también advierte sobre un problema a futuro: “El impacto más delicado está aún por venir y es el hueco fiscal que se abre para el año 2026. Al anticipar en 2025 los recursos que normalmente se pagarían en 2026, el Gobierno está comprometiendo la sostenibilidad futura de las finanzas públicas. Se está gastando hoy lo que no va a tener mañana”.

Por otro lado, el pasado 29 de mayo, el Consejo Gremial Nacional, solicitó la revocatoria inmediata del Decreto 0572 de 2025, al considerar que impone una carga tributaria anticipada que afecta la liquidez de las empresas y el crecimiento económico del país. En un comunicado emitido, la organización criticó «la falta de análisis técnico y diálogo con el sector productivo», así como el impacto negativo de esta medida sobre entidades sin ánimo de lucro y sujetos no contribuyentes del impuesto de renta.

Aseguran que este tipo de decisiones improvisadas y de alto costo económico no contribuyen a la sostenibilidad fiscal y que, por el contrario, generan inestabilidad y desincentivan la inversión y el empleo.