Hasta cuándo | Opinión
- Publicado en Ene 19, 2025
- Sección Columnistas, Lo Mas Reciente
Desde agosto de 2024 un grupo de personas que se apropió de la representación de las comunidades, utilizando las vías de hecho, se tomó las estaciones de peaje de La Libertad, Ocoa e Iracá impidiendo el cobro de los peajes, obstruyendo las obras de mantenimiento y obstaculizando el ingreso de los trabajadores.
Han violentado la infraestructura, obstaculizado el normal desarrollo de la operación vial y captado ilegalmente dinero de los usuarios.
Justifican sus acciones con argumentos manipulados. Aclaremos que el modelo de concesiones existe en Colombia desde 1994 para superar el atraso en la infraestructura vial y la falta de recursos por parte del Gobierno para modernizarla. Básicamente, consiste en que los privados invierten recursos en construcción, operación y mantenimiento de vías durante un tiempo determinado y el gobierno se los devuelve a través del cobro de peajes.
En este enlace vea la entrevista con Óscar Alberto Robayo, Gerente de la Concesión Vial de los Llanos
No son claros los intereses de estos pretendidos líderes, pero lo cierto es que esto se volvió un negocio lucrativo que les permite permanecer allí y tener recursos para alimentación, pago de los ‘protestantes’ y para abogados, según dicen ellos mismos.
Las pretensiones expresadas en las mesas de negociaciones son trasladar los peajes, quitarlos o liquidar el contrato entre el concesionario y el Gobierno nacional. A pesar de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que es la entidad concedente del contrato, ha ofrecido varias alternativas, ninguna les sirve.
La falta de autoridad y la inoperancia de los gobiernos por razones ideológicas y por el desgaste político que implica hacer cumplir la ley en el contexto actual, la ilegalidad le está ganando a la legalidad. Recordemos que vivimos en un Estado de derecho, en el cual los deberes son tan importantes como los derechos. Nos guste o no, todos los peajes que existen en el país son legales bajo el marco jurídico existente y para impugnarlos hay que hacerlo por las vías jurídicas.
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Las consecuencias de estas vías de hecho y de la inoperancia de las autoridades son tangibles: parálisis en el desarrollo de las obras, despido de 540 trabajadores durante los últimos cinco meses. Y si la situación continúa así el proyecto se irá a pique y otras 640 personas se quedarán sin empleo y sin el sustento para sus familias.
Además, las obras correspondientes a cuatro unidades funcionales de las seis que tiene el proyecto, quedarán en el limbo, los corredores viales no tendrán mantenimiento adecuado y la región perderá la oportunidad de modernizar su infraestructura vial.
La solución es que las autoridades, Nación, Departamento y municipios (Villavicencio, Acacías y Granada). cumplan con su deber de garantizar el desarrollo de una actividad legal, amparada en un contrato vigente, de acuerdo con el Estado de derecho en el que vivimos. ¿Hasta cuándo los trabajadores y la región esperaremos a que los responsables de poner orden decidan cumplir con su obligación constitucional?
*En aras de la transparencia aclaro que soy funcionario de la Concesión Vial de los Llanos y mi interés al escribir este artículo es equilibrar la narrativa que se ha difundido, especialmente por las redes sociales.
