Indígenas del Meta, Arauca y Catatumbo reclaman reparación por crímenes de guerra

En sus lenguas originarias, los pueblos Sikuani, Hitnü y Barí exigieron verdad y reparación por el reclutamiento forzado de sus niños, detallando el impacto cultural y la pérdida de autonomía sufrida.

Con la fuerza de sus lenguas ancestrales, los pueblos indígenas Sikuani, Hitnü, de los Llanos Orientales, y Barí alzaron su voz ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para expresar sus observaciones sobre la imputación a seis exmiembros del Secretariado de las Farc-EP por el reclutamiento de niñas y niños durante el conflicto armado. 

En diligencias históricas, los representantes de estas comunidades compartieron el profundo dolor y las heridas que dejó esta práctica criminal, en el marco del Caso 07.

Ante las magistradas auxiliares, Luisa Fernanda López y Claudia Marcela Páez, los voceros indígenas no solo reaccionaron a la imputación por crímenes de guerra como reclutamiento, malos tratos, tortura, homicidio y violencia sexual, sino que también presentaron sus análisis sobre las declaraciones de 31 exmandos medios de las Farc-EP, en la investigación liderada por la magistrada Lily Rueda.

El testimonio del Pueblo Sikuani resonó con especial fuerza. Relataron cómo sus niñas y niños fueron víctimas de engaños, con falsas promesas de estudio, alimentación y bienestar. Esta cruel estrategia no solo arrebató a los menores de sus familias, sino que también generó una profunda erosión de su cultura, su lengua y su autonomía. 

La angustia por el destino de muchos de sus jóvenes, que aún permanecen desaparecidos, se hizo palpable en sus palabras: “hoy en día quedamos muy pocos”, lamentaron.

Los sikuani, habitantes de los Llanos Orientales en Vichada, Meta, Arauca y Casanare, denunciaron la invasión de su territorio por parte de las Farc-EP, quienes actuaron “como si fuera su casa”. 

La imposición del castellano, el desconocimiento de sus autoridades tradicionales, la ruptura de sus saberes ancestrales y los desplazamientos forzados fueron parte de las dolorosas consecuencias que narraron. 

“Ya no se escuchan nuestras lenguas, ni se ven nuestras juntanzas; nos quitaron la autonomía que teníamos cuando éramos libres”, afirmaron con pesar. Su exigencia a los comparecientes de las Farc-EP fue clara: reconocer los daños infligidos y explicar cómo planean remediarlos.

El Pueblo Sikuani fue enfático en su demanda por la verdad completa sobre el paradero de cada niña y niño reclutado. Además, solicitaron acciones de reparación que fortalezcan su cultura y su vida comunitaria, incluyendo la reconstrucción de la escuela tradicional y la casa de medicina ancestral, pilares fundamentales de su identidad.

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En cada una de las diligencias, la magistratura resaltó la trascendental importancia de escuchar directamente a las víctimas en sus propios territorios y en sus lenguas maternas. Este ejercicio de escucha activa permite contrastar las versiones de los excombatientes, avanzar en el esclarecimiento de la verdad y construir caminos sólidos hacia la reparación y la no repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad no dudó en destacar la valentía de las comunidades indígenas, quienes, a pesar de los profundos daños sufridos durante el conflicto armado, mantienen viva su lucha por la verdad, la reparación y la defensa de su invaluable identidad cultural y territorial.

El #Caso07 continuará recibiendo durante el mes de mayo las observaciones de las víctimas acreditadas, incluyendo tanto a personas sobrevivientes del reclutamiento como a otros dos pueblos indígenas reconocidos como víctimas en este doloroso capítulo del conflicto colombiano.

Los demás pueblos afectados, alzaron sus voces

El Pueblo Hitnü, que habita Arauquita, Arauca, Tame y Puerto Rondón. También se encuentran en las cuencas de los ríos Ele y Lipa, y en el bosque de galería del caño Colorado, narró afectaciones profundas: enfrentamientos, siembra de minas antipersonal cerca de sus caminos tradicionales, asesinatos y la desaparición forzada de niños y niñas, así como la ruptura de su estructura social y espiritual, lo que puso en riesgo su permanencia en la selva amazónica, su hogar.

Compartieron casos concretos de reclutamiento desde edades muy tempranas, el ingreso violento de las Farc-EP a sus comunidades y las diversas afectaciones que todo esto dejó en su población. Durante la audiencia hicieron énfasis en la necesidad de reconocer el grave daño causado, no solo a las familias, sino a todo el tejido social del Pueblo Hitnü.

Pidieron que se reconozca el daño colectivo sufrido. Ante la #JEP, resaltaron que no quieren desaparecer ni ser desplazados: quieren seguir viviendo en su Territorio, proteger su lengua y preservar su relación ancestral con la naturaleza.

El Pueblo Barí, que habita principalmente en el Catatumbo, una región que abarca el departamento de Norte de Santander en Colombia y se extiende hasta territorio venezolano, expuso cómo el reclutamiento afectó su lengua, su cultura y su espiritualidad, además generó daños ambientales irreparables. Denunciaron la pérdida de identidad de niñas y niños, quienes fueron forzados a cambiar su modo de vida.

Exigieron a los antiguos mandos medios de las Farc-EP reconocer que rompieron su autonomía, vulneraron su derecho propio y profanaron sitios sagrados. Solicitaron reparación ambiental y cultural. “Aunque la restauración nunca será igual al daño causado, estamos dispuestos a encontrar un camino para seguir adelante”, expresaron.

El Pueblo Barí reiteró que los niños reclutados fueron despojados de su lengua y costumbres, y que su gobierno propio fue fracturado por la imposición de ideologías ajenas. Señalaron que el reclutamiento dejó un impacto profundo en su vida comunitaria, cultural y ambiental.