Intervención al Hospital Departamental de Villavicencio no ha servido para nada, dice Procuraduría

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó este miércoles en Villavicencio que el Hospital Departamental del Meta se haya convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencial. 

Al término de la Audiencia Anticorrupción en Villavicencio, en la que participaron ciudadanos, veedores y líderes sociales, Carrillo Flórez advirtió que “la intervención del hospital no ha servido para nada”, y manifestó que la Procuraduría encontró irregularidades relacionadas con las modificaciones al  estatuto interno de contratación, sobrecostos en los contratos y negocios con un único oferente.  

“El hospital mantiene la calificación de riesgo alto, después de tres años y cuatro o cinco meses de tener una intervención por la Superintendencia Nacional de Salud”. }

Por este caso se abrió investigación la superintendente delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia de Salud, Edna Paola Najar Rodríguez, y el exsuperintendente de esa misma delegada, Javier Antonio Villarreal Villaquirán.

Además, al agente especial interventor del hospital, Luis Óscar Gálvez Mateus, y al representante legal de la Sociedad SAC Consulting SAS, Never Enrique Mejía Matute.

El jefe del Ministerio Público reveló que existen contratos de suministro de medicamentos e insumos médicos y servicios de imágenes diagnóstica a los que, al parecer, se les ha hecho adiciones, como ocurrió con uno en 43 oportunidades y otro en 27 ocasiones, mediante otrosíes que modificaron el objeto, plazo y valor.  

Agregó que “se han celebrado más de 17 contratos con personas naturales y jurídicas, sin proceso de selección, con el objeto de adelantar gestiones de cobro de cartera a las EPS, pactando honorarios con sumas fijas y el 10% del valor de lo recaudado, lo que han concluido con el pago de miles de millones de pesos a particulares contratados de manera directa por el hospital”.  

El Procurador lamentó el grave deterioro de la infraestructura física del hospital y la sobreocupación del centro asistencial, que supera el 250%, y advirtió que “no se han efectuado las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos”.

También contra exgobernador Alan Jara 

Al concluir la Audiencia Anticorrupción el Procurador General hizo un balance de las acciones y procesos iniciados por la Procuraduría Regional, la Provincial y las delegadas a nivel central por presuntas irregularidades presentadas en el departamento, y anunció el llamado a juicio disciplinario para el 4 de abril al exgobernador de Meta, Alan Jesús Edmundo Jara Urzola, y a los entonces secretario de Hacienda del departamento, Jairo Iván Frías Carreño, y al gerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, por el pago de un crédito adquirido por Llanopetrol por $10.705’113.239 más $268 millones de intereses, sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial u otro soporte para dicho pago. 

Así mismo, señaló que la Procuraduría formuló pliego de cargos al gerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), entre el 8 de junio de 2012 y el 20 de junio de 2016, Ricardo Rodríguez Henao, por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al suscribir tres contratos por valor de $1.447.129.500, sin contar con la  autorización de la Junta Directiva de la entidad que representaba.

 Los contratos fueron suscritos con el objeto de fabricar unidades termosolares para implantación en la Refinería del Meta, el centro administrativo y el complejo petroquímico; estructurar, desarrollar y efectuar el montaje de la planta de páneles fotovoltaicos de Llanopetrol, y realizar el diagnóstico ambiental de alternativas del ferrocarril de los Llanos. 

Indagación gobernadora y alcalde de Villavicencio 

Carrillo Flórez anunció la apertura de indagación preliminar a la gobernadora del Meta, Claudia Marcela Amaya, y al alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rozo, por no haber efectuado los trabajos necesarios para la recuperación y estabilización del Dique del río Guatiquía,  “Según la indagación los mandatarios fueron informados sobre esta situación en varias oportunidades sin que se produjera una solución de fondo, con un riesgo inminente sobre la comunidad”, precisó. 

Reveló, igualmente, la apertura de indagación preliminar contra el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rozo, por presuntas irregularidades al decretar la urgencia manifiesta por calamidad pública, en varias oportunidades, sin que haya mejorado la prestación del servicio público esencial de acueducto a la comunidad. 

“Lo único que tenemos que impedir aquí a toda costa que se repita el caso de Yopal y por eso estamos iniciando esta indagación. Los afectados, por supuesto, han sido la comunidad de Villavicencio de no haber podido disponer de este servicio público esencial por las 24 horas desde hace más de 8 meses”. 

Señaló que fue confirmada la destitución e inhabilidad por 10 años del exdirector general y representante Legal de la Corporación para el Desarrollo del Departamento del Meta -CORPOMETA-, Carlos Eleazar López Castro, por omisión de sus deberes.

 Otras decisiones 

El Procurador también dio a conocer a los asistentes a la audiencia anticorrupción las decisiones disciplinarias tomadas en la Provincial Villavicencio, entre ellas, la formulación de cargos al alcalde de Lejanías, por presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento de vías rurales; al exalcalde de Mapiripán y su secretario General por presuntos sobrecostos en la adquisición del parque automotor del municipio, y la destitución e inhabilidad por 12 años al alcalde de Vista Hermosa, Marco Antonio Gordillo, por la suscripción de un contratos  sin el cumplimiento de requisitos legales.  

Así mismo, expuso las acciones de la Regional Meta e informó la decisión de formular pliego de cargos al secretario de Vivienda del Meta, al alcalde de San Juan de Arama y a dos directores de Planeación del municipio por posibles irregularidades en el anticipo del 40% de obra de Vivienda de Interés Social (VIS) sin avance alguno de la misma, y a dos diputados y al secretario General de la Asamblea Departamental por posibles irregularidades en la contratación de funcionarios mientras se estaba en licencia de maternidad. 

Protección a los menores 

Por último señaló que como parte de la campaña que adelanta el Ministerio Público para proteger a los niños del abuso, acoso y explotación sexual, se formuló pliego de cargos contra un docente por presunto acto abusivo contra menores de edad.