La batalla por la noche en La Grama

La disputa por el futuro de la zona lúdica de La Grama volvió a poner sobre la mesa un viejo debate en Villavicencio: por una parte,  residentes defienden los cierres de establecimientos por los impactos en la convivencia; por otra parte, comerciantes aseguran que las medidas han afectado negocios que, según afirman, cumplieron con las exigencias legales para operar.

Por Melissa Céspedes

Para Matilde Palacio, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Grama, las dificultades comenzaron mucho antes de los cierres. Según explicó, las quejas por contaminación auditiva dieron paso a problemas más amplios relacionados con ocupación del espacio público, presencia de habitantes de calle y presuntas situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.

“El gran problema empezó con el ruido excesivo y de ahí derivó todo lo demás. Nosotros veíamos consumo de sustancias, habitantes de calle, invasión del espacio público y situaciones que nos preocupaban por la presencia de menores en altas horas de la noche”, afirmó.

La dirigente sostiene que las intervenciones recientes responden al incumplimiento de requisitos urbanísticos y de funcionamiento por parte de varios establecimientos.

A su juicio, las verificaciones adelantadas por las autoridades permitieron evidenciar falencias en aspectos como planes de implantación, uso del suelo y otras obligaciones exigidas para operar dentro de la zona lúdica. “No era solamente un tema de insonorización. También había requisitos relacionados con movilidad y funcionamiento que debían cumplirse”, señaló.

Sin embargo, la versión de los comerciantes es distinta. Un vocero del sector, aseguró que varios negocios iniciaron procesos para ajustarse a las exigencias del POT una vez conocieron los requisitos. Según explicó, establecimientos como El Carriel y 1800 adelantaron inversiones en insonorización, planes de movilidad, licencias de construcción y planes de implantación, obteniendo incluso decisiones favorables de la Secretaría de Planeación.

“El problema no es cumplir la norma. El problema es que hay negocios que ya la cumplieron y aún así siguen encontrando razones para impedirles funcionar”, sostuvo. Según el comerciante, varios procesos administrativos terminaron convirtiéndose en una serie de obstáculos que, en su concepto, han afectado a empresarios que intentaron formalizarse y operar legalmente.

La preocupación también es compartida por Oscar Sarabia, el propietario de Mateo Pub, establecimiento que permanece cerrado desde agosto de 2025. El empresario manifestó que la decisión impactó directamente su principal fuente de ingresos y afectó el sostenimiento de la empresa. Además, sostuvo que su negocio tenía un enfoque gastronómico y que las mediciones ambientales realizadas en el lugar no evidenciaban afectaciones significativas por ruido.

“Mi empresa era más un gastrobar. Vendíamos comidas y había mediciones ambientales que demostraban que no generábamos contaminación auditiva, pero eso no fue tenido en cuenta”, manifestó. A su juicio, los cierres también han repercutido en otros establecimientos de la zona que han reportado disminución de ventas o incluso han optado por trasladar sus operaciones a otros sectores de la ciudad.

Las autoridades, por su parte, defienden los resultados de las intervenciones. El mayor Adolfo Parada Hernández, comandante de la Estación de Policía de Villavicencio, aseguró que los controles adelantados junto con la Alcaldía han transformado significativamente la dinámica del sector.

“Si hoy recorremos La Grama encontramos una realidad muy diferente. La mayoría de establecimientos ya tienen suspensión definitiva y eso ha sido resultado de los controles adelantados por las autoridades”, indicó.

El oficial también aclaró que la Policía no ha recibido denuncias formales relacionadas con trata de personas o explotación sexual infantil en la zona, pese a los señalamientos realizados por algunos residentes. “Si alguien tiene información debe acudir a las autoridades para que podamos investigar junto con la Fiscalía”, puntualizó.

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Desde la Dirección de Justicia de Villavicencio, Edna Hurtado explicó que los operativos han estado enfocados en conductas como el incumplimiento de horarios, la contaminación auditiva y la ocupación indebida del espacio público. Según indicó, los controles continúan realizándose de manera articulada con distintas dependencias de la administración municipal para verificar el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos.

El futuro de la zona lúdica sigue siendo motivo de controversia entre residentes, comerciantes y autoridades. No obstante, persisten interrogantes sobre la coordinación institucional alrededor del tema. Periódico del Meta buscó una posición oficial de varias dependencias de la Administración municipal, pero no obtuvo respuestas concretas.

Durante las consultas, las diferentes secretarías remitieron la responsabilidad de la información unas a otras, sin ofrecer una explicación clara sobre las decisiones adoptadas ni sobre el rumbo de la situación en La Grama.