La tierra, joya de la corona

La informalidad en la propiedad en el Meta es uno de los desafíos que tendrá el Gobierno Nacional para implementar los acuerdos. “La tierra debe valer lo que en realidad debe costar”, esperan los expertos.

Uno de los efectos más inmediatos del retiro de la guerrilla de las Farc de algunos territorios en los que hacían presencia es el cambio drástico en el modo en que se percibe y se valora la tierra y la propiedad. Así lo consideran varios expertos, que alertan de las necesidades de titulación y presencia del Estado, si se quiere consolidar la paz en lugares que por mucho tiempo estuvieron abandonados.

En este contexto, en el departamento del Meta está una de las regiones clave del posconflicto. Según Camilo Montoya, subdirector de Gestión Regional del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID y responsable de cinco regionales de esta agencia internacional en Colombia, el Meta es uno de los que presentan una tasa más alta de informalidad de tierra, es decir, de falta de titulación.

“En el Ariari las estimaciones dicen que (la informalidad) está por encima del 60%. Y los promedios nacionales pueden estar por debajo del 50%. Yo creo que nos llevaríamos una sorpresa donde podamos hacer un barrido predial con todo el nivel de detalle que dé cuenta del estado de tenencia de la tierra y del estatus legal”, asegura Montoya, quien agrega que la identificación de cuáles predios son los verdaderos baldíos es clave en la distribución de tierra que está contemplada en los Acuerdos de La Habana.

Pero esa nueva dinámica, con todos los retos que acarrea, es en realidad un beneficio de la disminución de la violencia en varias regiones del país que antes sufrían el conflicto. “Yo lo que espero que ocurra en estas zonas es que la tierra valga lo que debe valer, porque lo que ha ocurrido es que en muchas de estas zonas, por efectos del conflicto, el mercado de tierras no existió”, afirma Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Formalizar y titular

Precisamente, para Sabogal,  la nueva dinámica de valorización de la tierra obliga a concentrar los esfuerzos del Estado en la formalización de los predios rurales.  “Hay que formalizar la propiedad, que la gente tenga su título de propiedad, porque acá al campesino se le engaña diciéndole que le dan tres pesos porque no tiene título”, dice el director de la URT.

Sobre el papel que le corresponde al Estado en este proceso, Camilo Montoya, de USAID, lo tiene claro. “Hay que empezar por generar campañas de educación en la importancia de tener un título registrado de una propiedad. Tradicionalmente, en el Meta y en muchas regiones de Colombia, las transacciones de tierra se hacen de una manera verbal y con palabra. Y simplemente con carta-venta, como se llama, la gente piensa que es poseedora del título”, explica.

De acuerdo con el director regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Jairo Alexis Frías, el hecho de que no se sepa a ciencia cuánto vale la tierra de un municipio ocasiona pérdidas sensibles en los presupuestos. Para resolverlo, añade Frías, es necesario realizar una actualización catastral.

En palabras del director regional del IGAC: “Realmente se han hecho algunos ejercicios de conservación, se ha hecho un ejercicio de incorporar algunos predios que no estaban en algunos municipios como, por ejemplo, Granada, Cubarral y La Macarena. Sin embargo, hay un trecho muy largo entre lo que verdaderamente cuestan los predios en los municipios y lo que están hoy tributando. Ese es un tema que incluso con la Gobernación se va a retomar y con los municipios, este año, porque hay municipios como Cubarral, en el que desde 1997 no se hace una actualización, entonces a la hora de tributar les genera un tributo muy bajo a los municipios y no tienen dinero para invertir”.

Beneficios para propietarios

Aun así, no se trata solo de que los predios. De acuerdo con Camilo Montoya, de USAID, se trata también de los beneficios que obtienen los propietarios. “Tienen la posibilidad de entrar en un mercado de la formalización de la tierra que les abre las puertas. De una u otra manera, aunque parezca contradictorio, la posibilidad de legalizar la tierra genera una valoración de los activos de los campesinos y eso es importante porque se sabe que en ciertas regiones en las que hemos trabajado, como el Ariari, la gente lo que tiene como activo principal, además de sus cosechas y sus animales, es la tierra.  Es sobre lo que están cifrados y sobre lo que quieren realmente producir y trabajar en el resto de sus días”, asegura Montoya.

“Una vez se acredita eso, tienen derecho  a asistencia técnica, a algunos de los subsidios que el Estado ofrece regularmente a través del Ministerio de Agricultura, tiene posibilidades de acceso al crédito, utilizando a veces en parte de garantía su tierra u otro activo que tengan”, agrega el experto de USAID.

Igualmente, la formalización de la tierra puede ayudar a consolidar la paz. O al menos esa es la impresión de Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución: “La titulación es un elemento que espanta al bandido. Al bandido le gusta no aparecer en ningún registro. Qué mejor que tener vacas que nadie sabe de quién son en predios que nadie sabe de quién son. Esa es la mejor forma de lavar dinero oscuro. Pero si el predio tiene dueño, hay alguien respondiendo por las vacas que están adentro”.

Pero, ¿y las vías?

De cualquier manera, por más que la tierra sea titulada y legalmente pertenezca al campesino que la habita, no es posible pensar en el desarrollo de los municipios si no hay vías. Esto lo ilustra Damar Suárez, director de la Asociación de Municipios del Ariari, a través de un ejemplo claro: “Hay que fortalecer ese tema, porque yo creo que no es una mentira que por decir, hacia adentro de Uribe, es más fácil sacar un kilo de coca, valga decirlo, que sacar una turbada de plátano, entonces hay que invertir en vías de acceso a estos municipios que son tan importantes”.

Y la no presencia del Estado puede causar que la violencia se repita, como lo afirma Ricardo Sabogal, director de la URT. “Mientras tengamos zonas alejadas de los grandes centros, con bajos índices de educación, con muy precaria salud, ahí va a haber un caldo de cultivo para un actor armado ilegal, sea el nombre que sea”.