Las cuentas de la Unillanos

Por David Felipe Mora /Especial para Periódico del Meta

El próximo miércoles 10 de octubre se llevará a cabo en todo el país una gran movilización nacional para exigirle al gobierno de Iván Duque presupuesto para financiar correctamente las Universidades Públicas del país, ante la desfinanciación histórica de los gobiernos anteriores, en los que él participó.

De acuerdo con los rectores de las 32 universidades públicas del país reunidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), la deuda acumulada histórica de la Nación con las universidades es superior a 18 billones de pesos (3,2 billones de funcionamiento y 15 billones de inversión), lo que sin duda ha generado que las universidades funcionen con las uñas afectando la calidad de la educación y obligándolas a buscar recursos propios para financiarse, lo que hoy les permite cubrir el 47% de sus gastos totales, de lo contrario ya no existirían.

Ante este panorama de desfinanciación, actualmente se discute en el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019 presentado por el gobierno nacional, que “en términos reales para educación solo tendría un aumento de 0,27%, es decir casi nada”, como indicó Sara Abril ingeniera electrónica de la Universidad Nacional.

Por ejemplo, proponen un ajuste de $1,9 billones en “favor de la educación”, pero no asigna ni un peso para la base presupuestal de las universidades públicas, al tiempo que destinarían $750.000 millones de estos para los créditos del ICETEX, es decir el 37,5% de los recursos. Adicional, de acuerdo con el SUE, del presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Educación para Calidad y Fomento de la Educación Superior que es de alrededor de dos billones de pesos, el 76,8% de este se destinarán a financiar la demanda en “compromisos del Programa Ser Pilo Paga y Compensación Tasa ICETEX por 1,53 billones de pesos”, mientras el 23,2% restante se destinaría a “aseguramiento de la calidad $25.206 millones, por Estampilla Universidades $90.000 millones” y cerca de “$390.000 millones para el fomento de un programa aún no establecido.”

Para el presupuesto de las universidades públicas el gobierno de Iván Duque contempla una disminución real del 0.43%, al plantear un “incremento” del 2,87% que está por debajo del 3,3% de inflación que proyecta el mismo gobierno. En resumen, se mantiene la misma línea y concepción de desfinanciación de los gobiernos anteriores financiando la demanda vía créditos, mientras se estancan los recursos de la oferta de las universidades estatales que colapsan a pedazos.

También la Unillanos

De este oscuro panorama no se escapa la Universidad de los Llanos (Unillanos), que valga decirlo, es la universidad pública más costosa del país, a la cual el gobierno nacional sólo le aporta uno de cada dos pesos de sus ingresos. De ahí, que la Unillanos tenga tantos problemas por resolver: aumentar la contratación de docentes de planta que es apenas del 18% (la octava más baja del país); disminuir los altos costos de las matrículas; reducir la dependencia de la Estampilla; financiar correctamente los grupos de investigación y las salidas extramuros, tener laboratorios al servicio de los estudiantes, entre muchos otros.

Al evaluar los Estados Financieros de la Unillanos, en 2017 se encuentra que la universidad tiene ingresos por $75.754 millones, gastos y costos por $63.902 millones y cierra con un superávit de $11.852 millones de pesos, que según explica la dirección de la universidad, tiene como destinación la construcción del nuevo edificio de la sede San Antonio. Sobre los ingresos se encuentra que 49 de cada 100 pesos son recursos propios, de los cuales 19 pesos corresponden a matriculas de pregrado y 17 pesos a la Estampilla.

De matrículas de pregrado se recaudaron $14.717 millones y se devolvieron por concepto de Rebajas y Descuentos $4.089 millones, es decir, por matriculas de pregrado se tuvo un ingreso real de $10.628 millones (lo que se necesitaría anual para lograr la gratuidad).

De Estampilla ingresaron $12.942 millones y de acuerdo con Fernando Saavedra, estudiante de economía y dirigente estudiantil de la Unillanos, a precios constantes de 2006 (como indica la ordenanza 662 de 2008) “se estima que solo falta por ingresar $32.000 millones de Estampilla de los $100.000 millones definidos, esto es, poco más de dos años de financiación por este concepto”.

Además, se estima que, para ampliar la planta docente al nivel de la media nacional (35,6%) se requieren $11.104 millones adicionales; en otras palabras, la Unillanos necesitaría más de $37.732 millones adicionales para solucionar tres de sus problemas (Matrículas, Estampilla y Planta docente) o lo que es igual, aumentar en 50% sus ingresos, y solo cuenta con $11.852 millones de superávit que ya están empeñados en infraestructura.

Como se ha evidenciado, la Unillanos, única universidad pública del Meta, también ha caído en la trampa de la desfinanciación nacional y es este su problema principal, pues no es posible bajar matrículas, construir infraestructura, contratar más docentes de planta, dejar de depender de la estampilla, sin tener la correcta financiación por parte del gobierno nacional. En hora buena el Consejo Académico y el movimiento estudiantil decidieron unirse a la gran movilización nacional.