‘Lo difícil es enfrentar tantos intereses’: Diana Herrera

iana Herrera, la saliente directora territorial de Unidad de Restitución Tierras

Nacida en Armero (Tolima), esta ejecutiva dio un ejemplo de ética pública, ya que, según las investigaciones de la Fiscalía, le ofrecían un soborno de $100 millones para favorecer en las reclamaciones de unos terrenos, a un grupo de inversionistas.  

En medio de una situación compleja por un presunto caso de corrupción que involucra al exfuncionario del Ministerio de Agricultura y de la Alcaldía de Villavicencio, Germán Eduardo Ayala, salió de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la directora territorial,  Diana Esmeralda Herrera Patiño (D.H.).

Aunque en esta entrevista dice que es una “infortunada coincidencia”, lo cierto es que se retira de la entidad una de las funcionarias que más la conocía por dentro, que estuvo vinculada desde la creación de la misma y dejando en su balance un punto alto de reclamaciones de tierras resueltas o ya en trámites.

Periódico del Meta (PDM) dialogó con ella para hacer un resumen de los resultados que deja como funcionaria luego de cuatro años de estar en el cargo y del caso Ayala.

PDM: ¿Usted ayudó a crear la Unidad Nacional de Restitución de Tierras?

D.H.: Hice parte de un proyecto que se llamó Equipo de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada que fue a partir del cual se creó la Unidad de Restitución de Tierras. En el Meta estuve casi cuatro años coordinando esta territorial, que es la más grande del país, con cerca de 130 personas a cargo.

PDM: ¿Cuál es el balance que le queda?

D.H: Creo que la intervención en el territorio es muy positiva. Dejamos la territorial que ocupa el 24 por ciento del territorio. Cuando llegué, solo había nueve municipios intervenidos por la URT en el Meta y me voy con los 29 ya intervenidos completa o parcialmente.  Además, todo Vichada, Casanare, dos en el Guaviare (Miraflores y San José) y los tres de jurisdicción en Cundinamarca (Ubalá, Medina y Paratebueno).

PDM: Llegó en tiempos donde la seguridad era un factor de riesgo…

D.H.: Nuestra apuesta era articular el trabajo de la Fuerza Pública y la Unidad porque el requisito de seguridad era un elemento indispensable. Llegamos a sitios donde ningún tipo de institucionalidad del Estado había llegado.

PDM: ¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia?

D.H.: Uno llega al Meta con múltiples y muy variados intereses sobre la tierra: hidrocarburos, ambientales, cultivos ilícito,  grupos armados etcétera. Lo más difícil fue afrontar esas decisiones complejas para poder actuar.

PDM: ¿Qué decisión difícil le tocó tomar?

D.H.: El trabajo de protección a comunidades indígenas. Es una tarea en la que chocan muchos intereses campesinos e indígenas, sobretodo en el Guaviare.

PDM: ¿Intereses como los que usted denunció a la Fiscalía en el caso Ayala?

D.H.: Claramente lo que nosotros denunciamos obedece al accionar de unas personas que pretendieron hacerle trampa al proceso y de alguna manera influenciar las decisiones que tomamos. Yo, como destinataria de esas presiones, lo que hice fue ponerlo en conocimiento de las autoridades.

PDM: ¿Por qué lo hizo?

D.H. Porque  considero que es lo correcto, porque eso es lo que me guía como servidora pública pero en especial como ciudadana.

PDM: ¿Qué materiales de prueba aportó?

D.H.: He aportado otros elementos a la Fiscalía pero precisamente como está en investigación no quiero que lo que yo diga pueda afectarla. Lo que sí puedo decir es que desde el primer momento yo enteré a las directivas de lo que estaba ocurriendo y tomamos la decisión de llevar el caso a la justicia.

PDM: ¿Cuál es el predio por el que intentaron sobornarla?

D.H.: Jurídicamente son tres predios, no uno, aunque materialmente siempre han estado como uno solo. Son tres predios rurales de unas 2.600 hectáreas,  ubicadas en una zona importante de Cabuyaro del que despojan a una víctima. El valor es muy alto, con vocación ganadera.

PDM: ¿En esa zona ya se había hecho la microfocalización?   

D.H.: Sí. Cabuyaro desde hace dos años estaba microfocalizado. La víctima fue objeto de presiones a principios de la década del dos mil, sale del país con su familia y duran varios años por fuera. El proceso de reclamación arranca en el mes de abril de este año.

PDM: ¿Qué es lo primero que se hace?

D.H.: Analizamos la información que nos aporta el solicitante. Identificamos si se cumple con unos mínimos para avanzar y decidimos que sí había méritos para iniciarlo. Luego hicimos una comunicación al predio pues la Ley establece que es la forma de enterar a los que hoy tienen el control material de que hay una solicitud de restitución en curso.

PDM: ¿En que momento se acerca Ayala a usted?

D.H.: Precisamente cuando tramitamos esa comunicación.

PDM: ¿Bajo qué excusa?

D.H.: Diciendo que es funcionario del Ministerio de Agricultura y que quería dialogar conmigo. Esa fue la puerta de entrada, ese fue el gancho. Sin embargo estaba lejos de pensar que lo que quería era influenciar una decisión que no se ajustara en derecho.

PDM: ¿Qué buscaban?

D.H.: El proceso de restitución tiene dos etapas: una administrativa y otra judicial. En la primera lo que hacemos es identificar si esa reclamación se da por despojo o abandono después de 1991 y si quien lo reclama tiene relación con el inmueble. Básicamente lo que buscaban con las presiones es que esas reclamaciones del solicitante no prosperaran, beneficiando a los que actualmente tienen la titularidad del predio.

PDM: ¿Es decir frenar la etapa administrativa antes de llegar a la judicial?

D.H.: Exactamente

PDM: ¿En cuatro años le habían insinuado sobornos así?   

D.H.: No fue la única compulsa de copias que hice a la Fiscalía por casos similares. Cada vez que había un indicio de irregularidades se ponía en conocimiento de las autoridades.

PDM: ¿Qué ha pasado con esas investigaciones?

D.H.: No se han movido tanto como este, pero digamos en este caso se hicieron unas acciones posteriores que facilitaron la investigación penal. Las demás están en manos de la Fiscalía y confío en que van a llegar hasta el fondo.

PDM: ¿Fue fácil la decisión sabiendo que era funcionario del Ministerio y que había $100 millones?

D.H.: Para mí nunca hubo una opción diferente que denunciar y nunca la habrá. Esto es un compromiso para impulsar la cultura de la legalidad.

PDM: Sí, pero de por medio está también su seguridad y la su familia

D.H.: Obvio, ante presiones uno piensa en la familia. Como directora de la URT tenía un esquema de seguridad que no sé qué va a pasar con él. Son preocupaciones que uno pone sobre la mesa, pero eso jamás me han permitido a mí alejarme del deber que tengo como funcionaria.

PDM: ¿Su salida es normal o tuvo algo que ver el caso Ayala?

D.H.: Lamentablemente el mismo día en que están en audiencia de imputación de cargos las personas relacionadas, me notifican que al siguiente debo entregar el cargo. Es una infortunada coincidencia. Creo que mi salida obedece al proceso de transición por el cambio de Gobierno Nacional, pero la respuesta la tiene que dar el Ministerio o la dirección de la URT.

PDM: ¿Teme que el Estado la deje sola?

D.H.: Es uno de mis temores, pero el momento en que tomo la decisión de actuar de esa manera, uno contempla esas posibilidades. Sin embargo sí esperaría que hubiera un pronunciamiento desde la URT o del Ministerio que de alguna manera respalde la labor de un funcionario que le apuesta a la cultura de la legalidad.

PDM: ¿A qué se dedicará?  

D.H.: Llevo varios años de trabajo intenso, alejándome de la familia, tengo una niña muy pequeña y creo que esta coyuntura me da la oportunidad de reencontrarme con ella. Estoy estudiando una maestría en Derechos Humanos y me dedicaré a mi proyecto de investigación, por ahora.