Los desafíos de la integración migratoria en Villavicencio

La creciente presencia de vendedores informales en distintos sectores de Villavicencio volcó la mirada sobre migración, empleo e integración social. En los últimos días, la Administración municipal, junto con la Policía Metropolitana y Migración Colombia, reforzó los operativos de control en el centro de la ciudad para hacer cumplir las normas relacionadas con la ocupación del espacio público.

Por Daniel E. Jiménez Zambrano

Felipe Caballero, asesor de despacho del alcalde Alexander Baquero y encargado de la Gerencia del Centro, explicó en un comunicado que las acciones buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre aprovechamiento del espacio público y convivencia ciudadana.

“Estamos verificando antecedentes y ejerciendo control sobre las personas que desarrollan actividades de ventas informales, con el fin de que cumplan los lineamientos establecidos para el cuidado y aprovechamiento del espacio público dentro del marco de la convivencia ciudadana”, señaló el funcionario.

Caballero indicó que, aunque Villavicencio ha mantenido una política de acogida hacia quienes han llegado desde otros países en busca de oportunidades, también es necesario que se respeten las normas relacionadas con el orden, la seguridad y el aseo de la ciudad.

Desde Migración Colombia se recordó que los ciudadanos extranjeros que cuentan con permisos de permanencia o trabajo también están sujetos al cumplimiento de la normatividad colombiana. La entidad advirtió que conductas contrarias a la ley o agresiones contra funcionarios públicos pueden derivar en sanciones administrativas, incluida la cancelación de permisos migratorios y eventuales procesos de deportación.

De acuerdo con Julio Alfredo Bedoya Vargas, sociólogo y funcionario de la Secretaría de Gestión Social, Participación Ciudadana e Inclusión, Villavicencio registra actualmente cerca de 40.000 migrantes y refugiados venezolanos, según cifras reportadas por Migración Colombia para 2025.

“De estos, 23.400 están regularizados con el Permiso de Permanencia Temporal o el Permiso Especial de Permanencia, y cerca de 18.000 han manifestado su intención de permanecer en el territorio”, explicó para Periódico del Meta.

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El funcionario señaló que la respuesta institucional se articula a través de la Mesa Migratoria de Villavicencio, un espacio que reúne a entidades nacionales y locales para coordinar acciones en áreas como educación, salud, empleabilidad, regularización, convivencia y derechos humanos.

Como parte de esas estrategias, la Administración municipal adelanta la denominada Escuela de Ciudadanía, iniciativa orientada a que la población migrante conozca la Constitución colombiana, los mecanismos de participación ciudadana y las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Bedoya destacó además que actualmente 4.350 niños, niñas y adolescentes migrantes están matriculados en instituciones educativas de la ciudad y reciben beneficios como el Programa de Alimentación Escolar. Asimismo, se desarrollan acciones para facilitar el acceso a servicios de salud, emprendimiento, empleo, deporte y recreación.

La informalidad, un problema estructural

No obstante, para algunos expertos el fenómeno de la ocupación del espacio público no puede analizarse únicamente desde una perspectiva de control.

Diego Villa, administrador de empresas, magíster en Management y Gestión del Cambio, considera que la informalidad responde a problemas estructurales del mercado laboral local.

“El mercado laboral en Villavicencio está altamente concentrado en el comercio y los servicios de bajo valor agregado, sectores caracterizados por altos niveles de informalidad laboral”, afirmó.

Según el analista, la ciudad enfrenta dificultades relacionadas con la escasa industrialización, bajos niveles de innovación, limitada atracción de inversión privada y una insuficiente articulación entre la formación académica y las necesidades reales del sector productivo.

Villa también sostuvo que la falta de control efectivo del espacio público termina convirtiéndose en una salida para quienes enfrentan dificultades económicas.

“No existe un control efectivo del espacio público. Como resultado, los migrantes y otros ciudadanos que atraviesan dificultades económicas se ven obligados a vender cualquier tipo de producto en las calles y esquinas de la ciudad”, señaló.

A ello se suma, según el experto, una cultura de informalidad arraigada tanto entre empleadores como trabajadores, así como limitaciones institucionales para vigilar el cumplimiento de las normas laborales.

La situación que hoy enfrenta Villavicencio forma parte de una realidad nacional mucho más amplia. Así lo plantea el libro 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana, publicación del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, citada por el investigador Ronal Rodríguez al ser consultado por este medio de comunicación.

De acuerdo con la obra, Colombia pasó de registrar poco más de 31.000 migrantes venezolanos en 2015 a cerca de 2,8 millones en 2025, convirtiéndose en el principal país receptor de esta población en América Latina.

El documento señala además que una parte importante de los migrantes llegó con intención de establecerse de manera permanente, por lo que los desafíos actuales van más allá de la atención humanitaria y están relacionados con la integración social, laboral y comunitaria.

En ese contexto, el estudio concluye que los gobiernos municipales y departamentales deben fortalecer sus capacidades institucionales para responder a retos asociados con la convivencia ciudadana, el acceso a oportunidades y la inclusión de una población que ya forma parte de la realidad económica y social del territorio.