miércoles, 24 de abril de 2024
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Los obstáculos legales que interrumpen una candidatura


Los obstáculos legales que interrumpen una candidatura 1
A veces, comprobar las inhabilidades es lo que afecta los tiempos de elección.
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Redacción PDM

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Se aproximan las elecciones territoriales en Colombia y, como es costumbre por estas fechas, empiezan a correr rumores y noticias falsas relacionadas con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Por: Luissa Fernanda Pérez

Por esta época en que se disputan gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, los escándalos por supuestas inhabilidades salen a la palestra. Mucho se habla, pero poco se sabe de las mismas. 

La Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de Función Pública explica que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades es una normativa de orden constitucional que establece la incapacidad o circunstancias que impiden a una persona ejercer un cargo público. En otros casos, impide la continuación de su ejercicio si ya está prestando el servicio.

“Las inhabilidades e incompatibilidades, al limitar la libertad y los derechos de las personas, tienen su origen en la constitución y en la ley. La tipificación de sus causas, su vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa. Su aplicación es restrictiva y no permite la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable. Están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional, como los artículos 179 No. 1, 197 y 267 de la Constitución. Además, forman parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, por lo que no pueden ser modificadas por acuerdo o convenio”, señala el documento.

Estas normativas aplican únicamente a personas que están vinculadas a una entidad pública y a sus parientes en los grados de parentesco contemplados por la ley, que aspiren a ser elegidos en cargos de elección popular.

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Según la Misión de Observación Electoral (MOE), antes de aspirar a un cargo público, es importante tener en cuenta algunos requisitos como los antecedentes judiciales. “Si un aspirante ha sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, y si en esa pena se contempla la restricción para ejercer cargos públicos, no es apto para inscribirse”.

Por otro lado, también son importantes los antecedentes disciplinarios. Si alguien ha perdido su investidura o ha sido excluido del ejercicio de su profesión, no podrá ser candidato. Su trayectoria como servidor público también se tiene en cuenta. “Si doce meses antes de la elección, usted fue empleado público en su municipio o departamento en cargos de jurisdicción y ejerciendo autoridades civiles, administrativas o militares, y si intervino como administrador del gasto público en alguna entidad del estado o celebró contratos con el estado, debe tener cuidado”, explica la MOE.

También, quien haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro de los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones en el municipio o departamento por el que está aspirando, puede incurrir en inhabilidad.

El otro grupo de inhabilidades, según la MOE, se relaciona con los lazos familiares. Si alguien tiene vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primer grado de afinidad o único civil, con funcionarios que, en los doce meses anteriores a la elección, han ejercido como autoridades civiles, administrativas, políticas o militares en el municipio o departamento, también puede incurrir en inhabilidad. Esto también se aplica a quienes tengan parentescos familiares con representantes legales de empresas que administren tributos o servicios públicos.

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