Los PDET en el Meta enfrentan retos y demoras

Este 24 de noviembre se conmemoran ocho años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, por lo tanto, es debido detenerse y dar un vistazo al estado de implementación del Acuerdo. 

Uno de los pilares importantes del Acuerdo, fue crear iniciativas que se enfocaran en las regiones más afectadas por el conflicto armado, de allí nacieron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que constituyen un instrumento de planificación y gestión para la implementación de los planes sectoriales que abarca la Reforma Rural Integral en los municipios priorizados.

La subregión Macarena-Guaviare, está constituida por 12 municipios priorizados, en el Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, y en el Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Estos programas se han enfocado en trabajar con la población víctima, firmantes, comunidades y pobladores de los territorios afectados por la violencia armada, por la tanto, es importante conocer cómo va la implementación del Acuerdo respecto a estos programas.  

César Huertas, líder del Grupo de Investigación en Transformación Agraria – Unillanos Observatorio del Territorio, le respondió a Periódico del Meta, que la implementación del Acuerdo en materia de los Pdet en el departamento avanza de forma lenta.

“El Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) Macarena-Guaviare, firmado en 2019, definió 1.896 iniciativas a través de un proceso participativo que involucró a 9.604 actores locales y administraciones municipales. De estas, el 66,8 % corresponde a municipios del sur del Meta, pero hasta la fecha, solo el 11 % han sido ejecutadas. A este ritmo, la implementación total podría tomar 31 años, más del doble del plazo inicialmente estimado”, resaltó Huertas.

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Según lo investigado por Huertas, pese a que se están desarrollando iniciativas en la subregión, las comunidades rurales y las organizaciones sociales han manifestado que muchas de esas iniciativas no responden a las necesidades urgentes del territorio, como el acceso a vías, mercados y servicios básicos.

Otro punto que arroja la investigación, es que aunque la subregión cuenta con la Hoja de Ruta Unificada que articula responsabilidades y financiación, y que a pesar de que incluyó participación comunitaria en su construcción, las decisiones clave fueron tomadas por las administraciones locales sin considerar las propuestas de los grupos motores en el Guaviare. Este hecho ha generado desconfianza entre las comunidades, que perciben que las prioridades están alineadas con intereses políticos más que con las necesidades de los territorios.

A pesar de que estos programas cuenten con la participación interinstitucional, la cooperación internacional, las administraciones locales, y que estos apoyos sean fundamentales para la implementación del Acuerdo en cuestiones de gestión, e impulso, al parecer, las comunidades no se han sentido propias de sus propios proyectos, “para la comunidad priorizar a las instituciones en la toma de decisiones ha facilitado que los actores políticos y los grupos de poder local se apropien como parte de su gestión los resultados que ha dejado la implementación”, expresó el investigador.

El ritmo lento de implementación no solo afecta la transformación de los municipios priorizados del Meta, sino que también amenaza con desdibujar el propósito original del Acuerdo de Paz: garantizar el desarrollo integral en las regiones más afectadas por el conflicto. En este aniversario, se espera que estos resultados más que ocasionar desesperanza, sean la razón para prestar más atención al cambio que necesitan las zonas históricamente marginadas.