Mal final para varios alcaldes del Meta

En total cinco alcaldes del Meta tuvieron que enfrentar el peso de las acusaciones de la Procuraduría. Al menos tres de ellos es fijo que no terminan su periodo.

Las cosas no marchan bien para algunos mandatarios locales del Meta en sus últimos meses de administración. En las últimas semanas, la Procuraduría General suspendió a un alcalde, destituyó a otro y abrió una investigación contra otro más. La lista de los líos jurídicos la encabeza el Alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro Blanco, quien ya fue destituido e inhabilitado por 10 años por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público.

La decisión la tomó en primera instancia el Procurador Provincial de Villavicencio, Nelson Rodríguez Balaguera. El Ministerio Público señaló que mientras el mandatario local supuestamente estaba ausente, pasando vacaciones en Europa, habría firmado contratos, resoluciones y otros actos administrativos. No es la primera vez que Caro tiene problemas con la Procuraduría: en octubre del 2018, él y su secretario de Planeación, Gonzalo Jara, fueron sancionados con suspensión e inhabilidad por seis meses, por incumplimiento de sus deberes, al no responder peticiones de la comunidad.

En agosto del 2018 el mandatario cumaraleño había superado el proceso de revocatoria del mandato que pretendía sacarlo de su cargo. En el caso del alcalde de San Juan de Arama, Agapito González Medina, la Procuraduría lo suspendió por seis meses debido a que derogó “el nombramiento de una empleada provisional sin cumplir con el procedimiento legal establecido”. La Procuraduría Provincial de Villavicencio estableció que González incumplió el Decreto 648 de 2017 que señala el procedimiento para revocar un nombramiento en provisionalidad.

Por la anterior situación, la funcionaria demandó a la Administración Municipal y en audiencia de conciliación el mandatario local anuló el acto administrativo que la declaró insubsistente, debiendo reintegrarla a su empleo e indemnizarla por el perjuicio causado. En otro proceso, la Procuraduría General de la Nación también sancionó con suspensión del cargo por seis meses a González Medina, “por no dar respuesta a varias peticiones hechas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionadas con el traslado que hizo de una funcionaria de la Alcaldía”. En un hecho similar, el alcalde de El Castillo, Eliécer Urrea Moreno, también enfrenta un proceso disciplinario de la Procuraduría, que formuló pliego de cargos “por incumplir su deber de motivar conforme a la Constitución y la Ley el acto administrativo que declaró insubsistente a una trabajadora de la administración nombrada en pro
visionalidad”, es decir, por despido injustificado.

En este sentido, la Procuraduría Provincial de Villavicencio investiga a Urrea por haber incurrido en un presunto abuso indebido del cargo, al no exponer ningún argumento concreto en el acto por el cual manifestó la insubsistencia de la trabajadora. Por lo anterior, la afectada demandó ante la Tribunal Contencioso administrativo del Meta, declarándose en primera instancia la nulidad del acto y ordenándosele a la administración municipal el reintegro de la accionante, así como la cancelación del salario y demás prestaciones dejadas de percibir, decisión que fue apelada y se encuentra en segunda instancia.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta del Alcalde de El Castillo como “falta grave” cometida con “culpa gravísima” en el caso de comprobarse que infringió normas que son de obligatorio cumplimiento.

Los que no terminaron

El periodo actual administrativo (2016-2019) no terminó satisfactoriamente para otros dos alcaldes del Meta, quienes por líos diferentes no concluyeron sus periodos de gobierno.

Se trata del exmandatario de Mapiripán, Alexander Mejía Buitrago, quien en marzo del 2018 tuvo que dejar su cargo definitivamente y se convirtió en el tercer mandatario de este municipio que termina preso o con problemas judiciales. Mejía fue señalado por la Fiscalía de corrupción al elector durante la época de campaña. Los exalcaldes Maribel Mahecha y Jorge Iván Duque, también los cobijaron con medidas privativas de libertad por irregularidades en contratación. Entre tanto, el exalcalde de Mesetas para este periodo, William Hurtado Eslava, fue sancionado por incurrir en violación al régimen de inhabilidades, debido a que al momento de posesionarse, en su contra pesaba una condena del Juzgado 58 Penal del Circuito de Bogotá del 17 de abril de 1997, por porte ilegal de armas de fuego.