Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, habla convertir la Altillanura en zona de desarrollo empresarial | Entrevista

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas (M.C.), visitó recientemente Villavicencio en medio de la agenda del Gobierno nacional en la región de la Orinoquia. Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en derecho constitucional y una maestría en derecho con énfasis en investigación, asumió el cargo en julio de 2024, luego de desempeñarse como viceministra de Desarrollo Rural.

En diálogo con Periódico del Meta (PDM), la funcionaria aborda la apuesta del Gobierno para la Altillanura, las perspectivas de ordenamiento productivo en esa zona del país y los retos en materia de seguridad alimentaria. También se refiere a las medidas frente al comportamiento de los precios de alimentos como la carne, la situación del sector arrocero y los avances en la política de acceso a la tierra.

 Lea: Gina Cubides, directora de Acopi Meta habla sobre el papel de las empresas en la región | Entrevista

PDM:¿En qué consiste la apuesta del Gobierno para la Altillanura y qué se busca con ese ordenamiento productivo?

M.C.: Nosotros publicamos el año pasado una apuesta para convertir 1.500.000 hectáreas de la Altillanura en una zona de desarrollo empresarial: 500.000 hectáreas con vocación ganadera, pensadas en una ganadería intensiva con mejoramiento genético que amplíe y fortalezca nuestro hato ganadero; y 1.000.000 de hectáreas en agricultura, donde hoy tenemos maíz, soja y palma, y que deben transitar hacia sistemas agroforestales que protejan ese gran acuífero que está por debajo de esas 1.500.000 hectáreas. Todo esto en un ordenamiento planificado y ambientalmente sostenible de la Orinoquia.

PDM: ¿En qué estado va ese proyecto y qué impacto tendría para el desarrollo agropecuario del país?

M.C.: Ese proyecto salió a publicación, recibimos los comentarios y estamos haciendo los soportes técnicos de la respuesta. Vamos a declarar ese ordenamiento para poder promover una inversión de capital importante en esas áreas que, sin duda, son una potencia agropecuaria.

PDM: ¿Y cómo se traduce eso en beneficios concretos para la producción nacional?

M.C.: Este proyecto, junto con la conexión férrea y fluvial, va a permitir mayor eficiencia. Podemos empezar a sustituir el maíz amarillo que hoy se importa para el alimento balanceado de nuestros animales, fortalecer la producción de carne porcina y, en general, toda la producción agropecuaria. Además, nos permite avanzar hacia un gran acuerdo nacional en una zona que no solo ha sufrido los embates de la guerra, sino también el acaparamiento y la concentración de los bienes baldíos.

PDM: En materia de seguridad alimentaria, ¿cómo se conecta esta estrategia con la política del Gobierno?

M.C.: Es fundamental esa apuesta. Como lo ha sostenido el presidente Gustavo Petro, nuestra política agropecuaria pasa por redistribuir la tierra y entregarla a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, a pueblos indígenas y comunidades negras para que produzcan alimentos. El último dato de abastecimiento muestra que volvimos a crecer un 4,3% en los mercados, salvo el caso de Pasto por la situación con Ecuador. Es decir, este gobierno viene entregando tierras, produciendo más, llevando más comida a los mercados y generando una mayor disponibilidad de alimentos a mejores precios en las ciudades.

PDM: ¿Qué medidas concretas han tomado para mejorar la comercialización y garantizar precios justos?

M.C.: Hemos hecho dos tareas importantes. La primera tiene que ver con la comercialización que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural, a través de la compra de canastas alimentarias que ha permitido dinamizar la compra directa a los productores y su distribución a las comunidades.

PDM: ¿Y qué papel ha retomado el Ministerio en la regulación del mercado?

M.C.: El Ministerio de Agricultura recuperó funciones que tenía el Idema, como garantizar ingresos al productor e intervenir en la oferta y la demanda. Eso nos permitió estructurar programas como la adquisición de excedentes alimentarios, por ejemplo, en la provincia de Oriente de Cundinamarca, donde estamos comprando cuatro millones de huevos para regular el precio, que hoy está muy bajo, y destinarlos a programas de alimentación del gobierno como DPS e ICBF en zonas con inseguridad alimentaria.

PDM: Frente al aumento en el precio de la carne, ¿qué está pasando y qué medidas están evaluando?

M.C.: El presidente ha planteado la necesidad de poner un límite a las exportaciones de ganado en pie porque tenemos un incremento del 12% en el precio de la carne, que hoy está costosa. El deber del gobierno es identificar qué alimentos están subiendo y evitar que esa inflación continúe.

PDM: ¿Qué encontraron al analizar la cadena productiva?

M.C.: Encontramos que en las subastas hay un incremento del 18% en los animales entre dos y cuatro años, lo que se conoce como el macho flaco. Es el único indicador que muestra alza, lo que indica que el problema está en la producción primaria.

PDM: ¿Cómo inciden las exportaciones en esta situación?

M.C.: Hemos visto que muchos de esos animales, incluso hembras, se están exportando. Esto afecta la tasa de reposición del hato ganadero y pone en riesgo su sostenibilidad futura.

PDM: ¿Cuál es la medida concreta del Gobierno?

M.C.: Restringir la exportación de animales entre dos y cuatro años y de hembras, garantizando una tasa de reposición que permita sostener el hato ganadero, estabilizar el precio de la carne y mantener la dinámica de la producción. Es una medida concertada con gremios y busca proteger tanto el presente como el futuro del sector.

PDM: En materia de acceso a la tierra, ¿cuáles son los avances de la reforma agraria?

M.C.: Hemos hecho la mayor gestión de tierras que haya hecho un gobierno: 2 millones de hectáreas formalizadas y más de 752.000 hectáreas gestionadas, provenientes de recuperación de baldíos, bienes públicos indebidamente ocupados y compra a privados.

PDM: ¿Cómo se garantiza que esas tierras sean productivas?

M.C.: A través de programas como ‘Sembrando Vida’, que entrega capital semilla para ciclos cortos, y con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural en proyectos de largo plazo que permitan consolidar procesos productivos sostenibles.

PDM: ¿Qué impacto tiene esto en la sustitución de economías ilícitas?

M.C.: Es clave. Quien tiene tierra formalizada y acompañamiento del Estado tiene incentivos para producir alimentos y no cultivos ilícitos. Lo vimos en el Catatumbo: cuando el campesino tiene seguridad jurídica, él mismo decide sembrar comida.