Meta, la tasa más alta de inscripción

Luego de tres meses de haberse abierto el periodo de inscripción de los votantes, este departamento dobla el promedio de la tasa nacional.

Con base en datos aportados por la Registraduría Nacional, la Misión de Observación Electoral (MOE) monitorea la inscripción de cédulas para detectar atipicidades que pueden ser indicativas de trashumancia mediante el indicador de la tasa de inscripción de cédulas (cuántas personas inscriben su cédula por cada 1.000 habitantes del municipio) en cada municipio del país.

En primer lugar, la MOE señala el riesgo de que se exista trashumancia histórica en el país, y recuerda que, tras los procesos electorales de 2018, actualmente 144 municipios del país tienen más censo electoral que población (según la proyección del DANE).

En unas elecciones locales, la tasa al final del periodo de inscripción llega a ser de cerca de 100 ciudadanos por cada mil habitantes. De acuerdo con el comportamiento histórico, es de esperar que para 2019 haya una inscripción cercana a cuatro millones de personas que cambian de puesto de votación en Colombia.

Tras casi tres meses de inscripción de cédulas (27 de octubre de 2018 al 21 de enero de 2019), en los que se han inscrito 168.322 ciudadanos, la tasa promedio nacional es de 4,4 inscritos por cada mil habitantes.

En contraste, la MOE señala casos a nivel departamental con altas tasas de inscripción: la mayor tasa de inscritos la tiene Meta, con 8,5 inscritos por cada mil habitantes (casi el doble del nivel nacional).
En segundo y tercer lugar están los departamentos de Casanare y Norte de Santander, con 5,5 inscritos por cada mil habitantes.

A nivel municipal, se destacan 15 casos con tasas de inscripción cinco veces más altas que el nivel nacional en los tres primeros meses del año. En particular, se destacan seis casos con altas tasas de inscripción en los primeros tres meses, y sobre los cuales la MOE ha concentrado reiteradamente sus alertas por riesgo de trashumancia en el pasado, a saber, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Castilla La Nueva y Guamal en el departamento del Meta; La Jagua de Ibirico (Cesar) y Guavatá (Santander).

La MOE manifiesta su inquietud frente a la situación presentada en las elecciones locales de 2015 en materia de anulación de inscripciones de cédulas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, hay que reconocer el alcance nunca antes visto en materia de revisión de inscripciones que tuvo el CNE ese año, pues revisó el 90% de los casos de ciudadanos que cambiaron de puesto de votación.

“Sin embargo, la anulación de 1’605.109 inscripciones (el 38% del total) se informó a pocos días de las elecciones y fue sucedida por numerosas quejas de la ciudadanía que manifestó que vio anulada su inscripción injustamente. Igualmente se debe reconocer la previsión que ha tenido la autoridad electoral ante este hecho, pues la Resolución 2857 de 2018 del CNE estableció el marco reglamentario sobre el que la máxima autoridad electoral actuará para revisar la validez de las inscripciones de cédulas, y el software de inscripción de cédulas de la Registraduría actualmente efectúa cruces automáticos con las bases de datos de ANSPE, ADRES y SISBEN, para corroborar si los ciudadanos que cambian de puesto de votación efectivamente residen en donde se están inscribiendo para votar”, afirma el organismo veedor.

La MOE también llama la atención frente al hecho de que, al 30 de noviembre, según los datos expuestos por la dirección de Censo Electoral de la Registraduría, por lo menos 8.640 ciudadanos que inscribieron la cédula no residen en los municipios en los que se inscribieron según las bases de datos oficiales utilizadas; lo que representa que el 12,3% de las inscripciones a esa fecha podían tratarse de posibles casos de trashumancia.

Ante el riesgo de que uno de cada diez ciudadanos que inscribe su cédula actualmente sea un trashumante, la MOE quisiera saber el cronograma de acción de los magistrados del CNE ante el problema de las inscripciones irregulares, de tal modo que la ciudadanía tenga tiempo razonable para presentar los recursos del caso.