‘No ha sido socializado el plan de control en incendios forestales’: Defensa Civil Meta

Recientemente el Ministerio de Ambiente alertó que en 390% aumentó el número de municipios en amenaza por incendios forestales, llegando a 747 poblaciones. El departamento del Meta presenta 24 puntos con alerta roja incluyendo a Villavicencio.

Por ello, Jorge Díaz, director de la Defensa Civil seccional Meta, hizo un llamado de atención al manifestar que ni Gestión del Riesgo municipal y departamental se han reunido para el plan de control de incendios.

“Hoy 11 de enero es preocupante para la Defensa Civil colombiana que ni el Consejo Municipal de Riesgo de Villavicencio, ni del Meta, hayan convocado a una reunión urgente para tener en cuenta todo el inventario y la estrategia de respuesta para atender estos escenarios de riesgo en caso de que se materialicen”.

Díaz, enfatizó en que hasta el momento no está convocado ni socializado el plan de control de incendios forestales. Adicionalmente, el director envió una carta a Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, solicitando convocar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por otro lado, el experto internacional Juan Carlos Orrego, colaborador de Naciones Unidas, destaca la necesidad crítica de que las nuevas administraciones departamentales y municipales fortalezcan sus capacidades en la gestión de riesgos.

Para garantizar una preparación sostenible en el futuro, el experto subraya la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales y municipales en la gestión de riesgos. Mejorar la capacidad fiscal y financiera, especialmente a nivel municipal, se vuelve crucial, así como la urgente tarea de redirigir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abordando sus actuales debilidades.

En la perspectiva de Orrego, las nuevas administraciones enfrentan el desafío de abordar proactivamente la reducción de riesgos desde el inicio de su gestión. Este enfoque implica una gobernanza anticipativa, considerando a fondo los riesgos, reduciéndolos y preparándose adecuadamente. La clave, según el experto, radica en otorgar una relevancia política significativa a la gobernanza de riesgos.

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En los últimos cuatro años, la resiliencia de los municipios colombianos ha sido puesta a prueba, enfrentándose a dos crisis de magnitudes significativas.

La pandemia de COVID-19 golpeó el 99,73% de los municipios, mientras que las inundaciones asociadas al fenómeno de La Niña afectaron el 49% de los municipios, es decir 537, generando inundaciones en 396 poblaciones, movimientos en masa en 164 y avenidas torrenciales en 23. La región Caribe y el sur de la costa Pacífica fueron particularmente afectados.

Estas crisis dejaron un impacto humano severo, exacerbando la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y afectando la salud, educación y medios de vida. Los efectos económicos del COVID-19 se reflejaron en una contracción del 7% en la economía en 2020, mientras que los daños y pérdidas por La Niña representaron el 1,5% del PIB en 2022, según el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda.

El futuro se presenta desafiante, con eventos como la actividad del volcán Nevado de El Ruiz, deslizamientos en la vía al Llano y sismos en el piedemonte llanero en noviembre de 2023 comprometiendo importantes recursos territoriales y nacionales. Estos incidentes han expuesto la fragilidad de la infraestructura y la necesidad de un enfoque integral en la gestión de riesgos.

Orrego destaca que las capacidades para enfrentar crisis en Colombia son inferiores a los retos, con los riesgos avanzando más rápido que las soluciones. Entre enero y octubre de 2023, los incendios forestales aumentaron de 746 a 2378 a nivel nacional. Sorprendentemente, 322 municipios carecen de un cuerpo de bomberos, ya sea oficial o de voluntarios.

Inversiones y retos estratégicos para la gestión de riesgos

Además, los presupuestos municipales y departamentales destinados a la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático no han experimentado un aumento significativo desde 2016, reflejando una subestimación de la gestión de crisis en el país. El impacto de los desastres en sectores como el agropecuario, infraestructura vial, vivienda, ambiente y servicios públicos es alarmante.

Por ejemplo, el sector agropecuario registró daños por 8,6 billones de pesos, debido a La Niña 2021-2023, mientras que vivienda, educación e infraestructura también presentaron pérdidas significativas.

En este contexto, las nuevas administraciones territoriales enfrentan el desafío de anticiparse a crisis desde el inicio de su gestión, aprendiendo de experiencias pasadas. Se hace necesario establecer oficinas coordinadoras de gestión de riesgos con liderazgo técnico y capacidad de coordinación interinstitucional, lideradas por figuras cercanas a los mandatarios.