Nuevo ICA abrió debate por sus efectos económicos

Por Lina Herrera

La iniciativa, que modifica el Acuerdo 515 de 2021, contempla ajustes en las tarifas aplicables a actividades comerciales, industriales, financieras y de servicios. Entre los sectores incluidos están energía eléctrica, telecomunicaciones, comercio, servicios financieros, seguros y diferentes actividades industriales.

Para Diego Villa, administrador de empresas y analista de Periódico del Meta, algunos de los sectores con mayor exposición a los cambios son las telecomunicaciones, la energía, el comercio minorista y mayorista de bebidas y tabaco, la comercialización de vehículos usados y autopartes, y los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos.

Sin embargo, aclaró que el sector que registre el mayor incremento tarifario no necesariamente será el más afectado, pues las consecuencias económicas también dependen de los márgenes de utilidad con los que opera cada actividad.

Uno de los aspectos que destacó es que los efectos de la modificación no se limitarían a las empresas que directamente tendrán cambios en sus tarifas. Según explicó, el incremento podría trasladarse a otros negocios a través de las cadenas de suministro.

«El incremento del ICA puede generar un efecto dominó sobre el conjunto de la economía local, con posibles presiones sobre los precios de bienes y servicios», señaló Villa.

Como ejemplo, mencionó el caso de un restaurante que, aunque no tenga un incremento directo en su tarifa, compra alimentos y bebidas a distribuidores, contrata servicios de telecomunicaciones y requiere actividades de transporte, logística y mantenimiento. Si sus proveedores enfrentan mayores cargas tributarias, parte de esos costos podría trasladarse al establecimiento.

¿Podría aumentar el precio de los productos y servicios?

Villa considera que existe un riesgo significativo de que una parte de los mayores costos tributarios termine trasladándose al consumidor final. No obstante, precisa que la magnitud dependerá de las condiciones de cada mercado y de la capacidad de las empresas para absorber esos incrementos.

«Cuando una empresa no puede trasladar los mayores costos tributarios a sus clientes, debe buscar alternativas para mantener su sostenibilidad financiera», explicó.

Por su parte, el economista Mario Romero señaló que la modificación del Estatuto de Rentas debe examinarse desde la técnica tributaria y no solamente desde la discusión política que ha rodeado su aprobación.

El analista reconoció que el proyecto contempla tarifas diferenciales para pequeños talleres y comerciantes minoristas, con condiciones relacionadas con el número de establecimientos. A su juicio, esta disposición representa una medida de protección para algunos negocios de menor tamaño.

Sin embargo, advirtió que el articulado también incluye tarifas que podrían generar distorsiones económicas en sectores con fuertes encadenamientos productivos, como la construcción.

Romero explicó que, cuando el impuesto recae sobre los ingresos brutos, los costos adicionales pueden extenderse a diferentes eslabones de una actividad económica. En el caso de la construcción, por ejemplo, un incremento en los costos de los proveedores puede encarecer la ejecución de los proyectos y repercutir en su viabilidad.

«Al afectar directamente la facturación y en sectores con altos encadenamientos productivos como lo es la construcción, eso encarece los proyectos y eso genera un efecto que podríamos denominar un efecto cascada», indicó.

Entre las posibles consecuencias mencionó una reducción de la contratación formal y el traslado de los sobrecostos al consumidor final. También advirtió que algunos proyectos de vivienda podrían enfrentar mayores dificultades para desarrollarse, incluso aquellos sujetos a topes de precios para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).