Prudente Alegría | Editorial

Por experiencia, los llaneros deberíamos recibir con prudente entusiasmo los anuncios del Gobierno nacional de destinar recursos para varios puntos críticos de la vía al Llano.

Muy bien por los líderes gremiales y políticos que participaron buscando espacios en Bogotá para hablar incluso con el propio presidente Gustavo Petro, quien dijo que destinará dineros para mejorar los 16 sitios críticos, identificados técnicamente.

La gobernadora, Rafaela Cortés, dijo a su salida de la audiencia presidencial que el mandatario prometió $316.000 millones para esas obras prioritarias que ayudarán a darle movilidad al corredor vial, aunque en realidad se necesitarían 1,2 billones de pesos.

Insistimos, la gestión que se hizo es plausible porque en la actual coyuntura política no era fácil hablar con el presidente sobre la vía al Llano, sin embargo, cuando la plata depende más de los demás que de la propia región, empiezan las dudas.  

Estamos acostumbrados a que le queden mal al Meta y al Llano en general. Y no lo decimos por el actual Gobierno nacional, sino que, desde siempre, nos ha tocado mirar con recelo las promesas bogotanas. No olvidamos los compromisos para terminar, en un año, el viaducto del km 58 de esta misma carretera, que aún no concluye. Desde septiembre de 2021 el Gobierno de Iván Duque, a través de Invías, adjudicó las obras de construcción del viaducto de 750 metros de longitud, pero no ha sido posible que se termine.

Tampoco olvidamos que ese contrato fue adjudicado al Consorcio Vial del Oriente, conformado por las empresas OHL Infraestructuras y otras. Sobre OHL, Periódico del Meta había advertido que tenía antecedentes de incumplido con la entrega de obras.

Si de espacios de diálogo y visitas se trata, el Meta ha sido “bendecido y afortunado” pues el presidente Petro ha estado en la región por lo menos en tres ocasiones y sus ministros muchas más, pero aún las visitas no se traducen en acciones concretas.

Otro ejemplo: en septiembre pasado, tanto el mandatario nacional como el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en menos de un mes, en actos separados, se comprometieron a que “va a cambiar la administración de la EMSA, e intentar que la gerencie alguien que sepa, que no se preste a la politiquería, que sea independiente, que garantice su buen servicio”. Se quedó en promesa.

De hecho, el Ministro prometió en septiembre del 2023 la creación inmediata de una comisión “de alto nivel” para solucionar el mal servicio de energía en la región, la cual no ha visto la luz aún.

El beneficio de la duda en estos casos es más que justificado.