Recursos de todos

Tolima, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Sucre son los departamentos donde hasta ahora se han realizado consultas populares. El resultado de estas es casi una obviedad: rechazo a que en sus territorios se haga explotación minera de cualquier tipo, con el argumento de preservar los recursos naturales.

Muy válido. En estos debates lo “políticamente correcto” es defender el medio ambiente e ir en contravía de las compañías extractivistas, pues los argumentos son más fáciles de que calen entre la ciudadanía. La ola verde acompaña diferentes esferas sociales y se ha convertido en una bandera cómoda de llevar pues es una verdad irrefutable que sin medio ambiente estamos condenados a la extinción como especie humana.

Además, no es nuevo que en el afán de producción, algunas de esas empresas han cometido errores que han costado daños a la naturaleza, sin embargo no es menor al que han causado otros sectores a gran escala como el cultivo del arroz, la ganadería o incluso el ecoturismo desorganizado.
El fallo de la Corte Constitucional que dejó en el limbo los resultados de esas consultas populares como mecanismo para detener exploraciones mineras en las regiones, refuerza el espíritu de la Carta Magna de 1991 en el sentido de que los recursos que están en el suelo y el subsuelo son de la Nación y no de una comunidad en particular. Sería triste que en medio de tantas posibilidades para generar riqueza, el país siga sumido en una crisis económica.

Se trata de tener un poco de coherencia en el discurso: No se puede por un lado pedir más recursos para la educación pública; exigir cumplimiento de mantener los costosos compromisos del acuerdo de paz; pedir subsidiar la salud y los servicios públicos y por el otro bloquear una de las pocas fuentes de recursos inmediatas que tiene Colombia.

Reiteramos que sí es posible hacer un aprovechamiento de los recursos en convivencia con el medio ambiente; otros países lo hacen. Lo que sí es necesario es que el Gobierno Nacional y las autoridades y corporaciones ambientales deben ser más estrictas con las empresas, no solo las petroleras sino todas las que usan recursos naturales, para que haya menos margen de error en sus operaciones, y si existen fallas sean castigadas ejemplarmente.

Ahora bien, luego del fallo de la Corte Constitucional, también le quedará como una gran tarea al Congreso de la República legislar para establecer los lineamientos de participación de la ciudadanía en estos procesos pues algo es claro: las comunidades no se pueden quedar por fuera de estas discusiones.