Seis meses más, por lo menos, durará intervención del Hospital Departamental

La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por seis meses la intervención del Hospital Departamental de Villavicencio, que inició en octubre del 2015. “Uno de los efectos inmediatos de las intervenciones forzosas para administrar que hace la Superintendencia de Salud consiste en la suspensión de las medidas cautelares de embargo. Si en este momento levantáramos la intervención, esos embargos caerían sobre las cuentas del hospital y eso atentaría contra su sostenibilidad”, explicó Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales.

Junto con la prórroga, la Superintendencia se comprometió a desembolsar para la vigencia 2017 más recursos provenientes del Fondo de Salvamiento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET). Hasta este momento, alrededor de 13.700 millones de pesos provenientes de ese fondo han sido destinados al fondo fiduciario que administra el agente interventor, Oscar Galves.

Pero el dinero del Estado no alcanza a resarcir los daños. Según explicó Villarreal, en la depuración contable y financiera que ha hecho el equipo de la Superintendencia se ha hallado que las deudas a favor del hospital son de alrededor de 50 mil millones de pesos, y no de 113 mil millones, como se creía. “De ese saldo, gran parte lo deben  o lo debían EPS que están ya liquidadas y donde no hay ningún activo”, afirmó el delegado.

A eso hay que añadir que se debe un monto mayor al que estaba en las cuentas.  De acuerdo con Villareal: “En cuanto a las obligaciones del hospital a pagar, nos habían hablado de un monto cercano a los 30 mil millones de pesos. Hoy estamos llegando casi a los 70 mil millones de pesos”. Asimismo, hay que tener en cuenta las acciones judiciales que podrían obligar al hospital a pagar por servicios mal prestados.

“Hay procesos judiciales y demandas en donde hubo mala prestación de servicios, o hubo situaciones laborales en las que muy seguramente el hospital va a resultar condenado por la autoridad judicial. Significa eso que contablemente hay que generar unas provisiones porque en algún momento tendremos que responder por eso”, dijo el delegado de la Superintendencia de Salud.

Otra de las preocupaciones que existe es que Caprecom y Saludcoop, que están en proceso de liquidación, le deben al Hospital Departamental alrededor de 52 mil millones de pesos. Actualmente, los agentes liquidadores de ambas EPS están trabajando en la etapa de graduación y calificación de acreencias, es decir, están revisando cuáles son las deudas que existen y cuánto pueden pagar.

Javier Villarreal, de la Superintendencia, afirmó que en diciembre podría conocerse cuál es la deuda que le reconocen al hospital. Una vez se conozca esa información, si hay inconformidad por parte del hospital, podrían interponerse las apelaciones correspondientes. En cualquier caso, la Superintendencia prevé que en el primer trimestre del 2017 haya giros de recursos por parte de esas EPS.

Ante esta situación, Marcela Amaya, gobernadora del Meta, manifestó que está de acuerdo con que la intervención continúe por el tiempo que sea necesario. “No es interés de mi administración que recuperemos el hospital para el departamento lo más pronto posible. No tenemos ningún interés. El único interés que nosotros tenemos es que tengamos un hospital que preste el servicio que requiere la gente del Meta y la Orinoquia”.

Para tener un plan de choque que le permita al departamento gestionar correctamente el hospital cuando vuelva a su control, la Superintendencia de Salud y la Gobernación radicaron en  el Ministerio de Hacienda un programa de saneamiento fiscal y financiero que contempla una inversión de 23 mil millones, provenientes de las arcas de la Gobernación, para respaldar las acciones que se realicen en el Hospital Departamental en un periodo de cinco años.

Asimismo, durante el anuncio de la prórroga, se dio a conocer que en noviembre empezarían a funcionar un acelerador lineal nuevo y un equipo complementario que fortalecerían el servicio en el área de oncología y que suponen una inversión de 32 mil millones de pesos. Igualmente, se supo que, aunque el préstamo de alrededor de 20 mil millones que la Superintendencia había solicitado a Findeter fue aprobado, ninguna entidad bancaria respaldó el desembolso debido al alto riesgo económico que presenta el hospital. En diciembre del año pasado, Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, había asegurado que ese préstamo era necesario para que el hospital se pusiera al día con los acreedores.