Trago amargo para Navidad

Con la nueva ley de licores, que aumenta los precios de las bebidas, se teme un incremento del contrabando. Los consumidores sentirán el primer golpe en las próximas fiestas de fin de año.

La aprobación del proyecto de ley que contempla un aumento a los impuestos de los licores desató en todo el país una ola de reacciones que iban desde la estimación, por parte de la Federación Nacional de Departamentos, de un aumento del 18% en los ingresos de las regiones que tienen empresas licoreras hasta la preocupación, expresada por el Sindicato de Trabajadores de las Licoreras (Sintrabecólicas), del aumento del contrabando en todo el país.

Naturalmente, el departamento del Meta no es ajeno a la nueva norma ni a las consecuencias que puede acarrear.  Lo que la nueva ley establece es que las bebidas deben pagar un impuesto de 220 pesos por cada grado de alcohol. Así, el impuesto para una botella de aguardiente Llanero, que tiene 29 grados de alcohol, será de 6.380 pesos.

Esa botella también debe pagar un impuesto Ad Valorem de 25% y un IVA del 5%. De acuerdo a Jaime Mariño, gerente de la Unidad de Licores del Meta, el precio de una botella de Aguardiente Llanero aumentaría alrededor de 2.600 pesos. Es decir, si actualmente cuesta 29.400, quedaría en 32 mil pesos.

“En el tema de los aguardientes, en el proyecto de ley se logró una salvaguarda para que las licoreras sigan siendo departamentales durante seis años más, con la posibilidad de seguir haciendo contratos de producción con privados”, explica Mariño.  Sin embargo, el gerente de la Unidad de Licores añade que la ley se da también en función de equiparar las cargas tributarias de las industrias nacionales e internacionales, para respetar el marco de algunos Tratados de Libre Comercio.

“Para nosotros hubiera sido mejor que no existiera la ley. Para las licoreras hubiera sido mejor que no existiera la ley, pero como iba a pasar, lo que nosotros hicimos fue aportar unas consideraciones para que la ley sea favorable a nosotros y no tengamos pérdidas que lleven a la quiebra de las industrias licoreras y las empresas del país”, afirma Mariño.

Contrabando

Según información a corte del 6 de octubre, la Gobernación ha recibido 4.173 millones destinados a la salud por parte del recaudo de impuestos de la Unidad de Licores. A todo esto, hay que tener en cuenta que el 45% de las ventas totales de esta entidad se realizan en el último trimestre del año. Es decir, casi la mitad  del dinero de la salud va a llegar en la temporada de festivales y de fin de año. Sin contar con los 2.100 millones que aportó la Unidad de Licores al departamento en la vigencia 2016, dinero proveniente de las utilidades netas.  

Sin embargo, aunque la nueva ley busca aumentar estos ingresos, la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras ha manifestado que existe temor al aumento del contrabando, que encontraría un mercado ideal debido al aumento de precios de las bebidas.

“Lo que yo como gerente de la unidad sí quiero llamar la atención y quiero solicitar es la colaboración de los operativos, la Policía, la dirección de rentas, porque a nosotros sí nos golpea el contrabando, nos afecta mucho, el Aguardiente Llanero lo están falsificando”, advierte Mariño.

Pero no es el único en la región que se muestra preocupado al respecto. Fernando Beltrán, presidente de la Corporación Zona 7, que agrupa a los establecimientos nocturnos formales del barrio Siete de Agosto en Villavicencio, advierte que la falta de control a negocios informales puede ser negativa en el control de la comercialización de las bebidas de contrabando.

“Frente a esta nueva carga de impuestos, es previsible que se aumente el contrabando de bebidas ilegales, entendidas como las bebidas de contrabando y falsificadas. Pero particularmente en Villavicencio va a tener repercusiones especiales, porque aquí han venido por años proliferando la creación de amanecederos, mal llamados clubes”, asegura Beltrán. 

Y añade: “Con el crecimiento del contrabando se van a constituir estos establecimientos en uno de los principales canales de distribución de estos productos ilegales, dado que este comercio ilegal ha venido funcionando sin mayor control. El Código de Policía actual, las secretarías de Gobierno y la Policía no prestan la suficiente atención para lograr una estrategia para que estos sean debidamente cerrados de manera definitiva”.

Beltrán no es la única persona en hacer este reclamo. En palabras del gerente Jaime Mariño: “Yo entiendo que hay unas investigaciones en curso con la Policía y la Fiscalía pero la idea es que se llegue a término, porque (el contrabando) sí golpea mucho los impuestos de la Unidad de Licores”.