Un poco de contexto

La Justicia Especial para la Paz (JEP) fue aprobada un día antes de que se venciera el plazo del fast track, estancada en el Congreso a la espera de que el Gobierno de Juan Manuel Santos ‘endulzara’ el oído a quienes tenían la sartén por el mango. Pero quien terminó lanzando el salvavidas fue la Corte Constitucional que dio luz verde al articulado y dictó algunas directrices para ‘perfeccionarlo’.


En el afán de salvar lo que se consideraba una de las columnas para sostener los acuerdos con las Farc (pero no la paz), se colaron esperpentos como el artículo 146 que básicamente impide que haya penas duras contra quienes hayan cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De hecho, la senadora llanera Maritza Martínez, impulsó la iniciativa para que esos delitos fueran juzgados por la justicia ordinaria.


Sin embargo, en una jugada jurídica y obviando los tratados internacionales sobre la niñez, la Corte Constitucional indicó que estos delitos sexuales podrían redimirse con penas alternativas a la luz de la JEP. Nada más paradójico para una comisión que busca evitar la impunidad y en la que sus magistrados se han cansado de decir que habrá castigo.


Solo a manera de contexto hay que decir que uno de los magistrados de aquella Corte Constitucional era Luis Ernesto Vargas, quien admitió el cuestionado marco jurídico para la paz. Al cumplir sus ocho años como magistrado, Santos, Premio Nobel de Paz, recomendó y movió fichas para que Vargas empezara a ser el miembro colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.


Pese a que Victoria Sandino, de la dirección política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, insista en argumentar que las mujeres de las Farc ingresaron por voluntad propia, en la Fiscalía reposan más de 232 casos perfectamente documentados de las violaciones y los vejámenes a las que fueron sometidas, muchas de ellas por comandantes de la organización guerrillera. Hay más denuncias, sin duda pero ya se sabe que no se podrá contar con la solidaridad de género de Sandino, al menos para estos casos.


Aquí no está en juego la paz, no es un saboteo ni que los acuerdos los estén haciendo trizas, como muchos han querido hacer ver.


Aquí lo que está en juego es que un grupo, generador del conflicto armado que vivió el país, reciba un poco de justicia por lo que hicieron, al menos en un delito tan evidente como la violencia sexual contra niñas y mujeres. Esperemos que esto se produzca ojalá antes de que también convenzan a medio país de que es un delito conexo a “la revolución”.