Entre los años 1997 y 1998, el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta sufrió dos impactos de la violencia convertidas en masacres, que dejaron las principales secuelas de muertes.

En la tragedia estuvo involucrado por años , en calidad de Comandante de la VII Brigada del Ejército el general Jaime Humberto Uscátegui, por lo que las víctimas sobrevivientes se pronuncian públicamente respecto a su libertad.

“Nosotros lo que queremos es que pague por haber sido permisivo, porque era un funcionario público que tenía que haber cumplido la Constitución Política de guardar vida y honra de los colombianos, pero no lo hizo y ahora tiene la obligación de pagar lo que hizo, no habernos cuidado”, dice María Cecilia Lozano, sobreviviente a aquella masacre en Mapiripán.

El general retirado fue condenado a 35 años por omisión al supuestamente no haber tomado las medidas necesarias para evitar la incursión de los paramilitares en este municipio, pero después de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un juez le otorgó libertad condicional el pasado 5 de mayo. A esta acción, la sobreviviente a esta masacre, María Lozano expresó: “Sé que las personas que se someten allí es porque van a contribuir con la verdad y no a demostrar inocencia como siempre nos han mostrado los defensores de los victimarios. Esta Jurisdicción es muy delicada y si se nota que dicen la verdad pues más probabilidad tienen que salir de la cárcel, pero sino se colabora, más se le aplica la justicia porque esa persona está mintiendo”.

La justicia dio crédito a  la solicitud que los defensores del general pusieron para acogerse al tratamiento especial que tendrán los militares procesados por delitos relacionados con el conflicto armado. 

De la misma manera, las demás víctimas sobrevivientes reciben con indignación esta noticia que el Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá decretara la “libertad transitoria condicionada y anticipada” del general en retito Uscátegui, y manifestaron que esta libertad anticipada y condicionada con la que se premia a los miembros de las fuerzas públicas responsables de estos graves crímenes solo está limitada a la firma de una mera acta de compromiso y quien se acoja a esta debe contar la verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, “por eso le decimos al General que diga la verdad porque sabemos que hay otras personas involucradas en esto, políticos y grandes empresarios” recalcó María Cecilia Lozano, sobreviviente y Defensora de los Derechos Humanos y Víctimas Desplazadas de Mapiripán.

Por otra parte, esta masacre ocurrida en Mapiripán, dicen las víctimas sobrevivientes, se preparó con más de seis meses de anticipación, contaban con el Ejército Nacional y el esmeraldero Víctor Carranza, los cuales se dividieron tareas, según confesiones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso.

Le piden a Uscátegui que diga la verdad, “porque él dijo que iba a demostrar la inocencia, en otras palabras, no va a decir la verdad, esa verdad que nosotros queremos saber, quién está detrás de lo que nos sucedió y nos sigue sucediendo. Porque él presume la verdad y sabemos que no es así”, expresó la víctima.