Abelardo de la Espriella respondió a la JEP por el presupuesto de 2027
- Publicado en Sep 21, 2026
- Sección Lo Mas Reciente, Nacional
El presidente Abelardo de la Espriella respondió a las declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, quien cuestionó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional posibles afectaciones a la independencia y funcionamiento de esa jurisdicción por iniciativas legislativas y presupuestales que avanzan en el Congreso.
A través de un comunicado publicado en la red social X, de la Espriella rechazó el contenido y alcance de las declaraciones de Ramelli y aseguró que las decisiones relacionadas con el Presupuesto General de la Nación hacen parte de las funciones constitucionales del Gobierno y el Congreso.
El mandatario hizo referencia a los recursos destinados a la JEP y señalo que desde 2018 la jurisdicción ha recibido mas de $3 billones de pesos. En 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos, en 2026 opera con 774.659 y que para 2027 solicito $947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803. millones.
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“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó de la Espriella, quien cuestionó que los recursos no aprobados sean interpretados como un castigo contra la jurisdicción.
De la Espriella también puso en duda la relación entre el presupuesto solicitado y los resultados de la JEP, por lo que pidió explicaciones sobre la planeación, ejecución y priorización de los recursos que ya han sido asignados.
El presidente sostuvo que su gobierno debe priorizar el fortalecimiento de la rama judicial ordinaria, debido a la gestión de procesos, las limitaciones de infraestructura y las necesidades tecnológicas que enfrentan actualmente.
No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos”, afirmó.
La discusión sobre los recursos de la JEP se da mientras el Congreso avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, en medio del debate sobre la distribución de los recursos entre la jurisdicción especial y la justicia ordinaria.
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