Alcaldes del Meta, sin protección y bajo amenaza

Esto pone en riesgo no solo la seguridad de los mandatarios, sino también la estabilidad y el desarrollo del turismo en la región.

Por Luissa Fernanda Pérez

La situación de inseguridad en el departamento cada vez es más preocupante. Comerciantes amenazados, secuestros y la toma de control del territorio son algunos de los problemas con los que los mandatarios de los municipios han tenido que lidiar. Aunque ellos, como funcionarios públicos, están expuestos a los delitos, la situación se agrava cuando ni siquiera cuentan con un esquema de seguridad que logre salvaguardar sus vidas.

Jefree Martínez, alcalde de Lejanías, expresó a Periódico del Meta su preocupación, pues afirma que los alcaldes tienen el concepto de seguridad por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, hoy no se ha citado el comité convocado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde se evalúan las medidas de seguridad de acuerdo con un estudio.

“Yo desde la alcaldía presenté denuncias por amenazas, este año también las he recibido en contra mía y de mi familia, se han realizado los respectivos llamados a la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, pero no hemos tenido respuesta. Estamos a la intemperie, con problemas de orden público en las últimas semanas, atentados por extorsión en el centro poblado de Cacayal. La recomendación que nos dieron fue que no saliéramos de la casa, pero ¿cómo no voy a salir si más del 80% de mi municipio es rural? Tengo que estar en el territorio, con las comunidades. Entonces, sí, estamos preocupados”, indicó el alcalde.

El mayor temor de la comunidad es el turismo. A partir del Acuerdo de Paz se redescubrió el turismo de naturaleza en la región y la seguridad es parte de cuidarlo.

“Esa es la expectativa en estos nuevos diálogos que se instalaron en Puerto Concordia, han tenido un segundo ciclo en Puerto Rico y estamos en un tercer ciclo en el municipio de Vista Hermosa.¿A algunos alcaldes les dieron un chaleco y un botón de pánico y eso para qué sirve? En un atentado, ¿uno dónde carga ese botón? Eso es preocupante.”, explicó Martínez.

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, denunció que ningún alcalde en el departamento tiene asignado un esquema de seguridad por parte del Estado, aun cuando la situación de orden público no es desconocida para nadie.

Lea: Fuerza Pública hace presencia en San Juan de Arama por amenazas

“Como es de conocimiento público, ha empezado a recrudecerse la inseguridad; hemos tenido hostigamiento a bases militares en Mapiripán, un atentado que hubiese sido muy grave contra el cantón militar de Apiay, contra personas. Casi todos los 29 municipios han tenido un episodio de violencia. Sabemos que tenemos una fuerte presencia del Estado Mayor Central de las Farc y algunos grupos, digamos, ‘herederos’ de lo que antiguamente eran los paramilitares, como el Clan del Golfo y Renacer Erpac, que se ha combatido. Sin embargo, hay un alto riesgo, especialmente para los servidores públicos”, dijo la funcionaria.

Bajo este contexto, es conocido que la UNP tiene obligaciones en otras partes del país, pero también los medios han mostrado que hay quienes utilizan mal este beneficio. A principios de año, la Policía encontró más de 70 kg de cocaína en un carro de la entidad; tres personas fueron capturadas en Paila – Armenia. En Cauca, un escolta de la entidad fue capturado por transportar a un menor que presuntamente iba a ser entregado a grupos armados.

“Queremos que se haga una revalidación de estos esquemas que están siendo mal utilizados y que pasen a personas que hoy tienen un riesgo extraordinario, como son los alcaldes del departamento del Meta”, solicitó Lizcano.

Aunque todos los alcaldes cuentan con un uniformado de la Policía a su disposición, estos no tienen la posibilidad de asignarles, por ejemplo, vehículos con condiciones de blindaje. “Ha sido complicado el diálogo con la entidad, nosotros queremos que esto avance, estamos saneando temas viejos que hay con la UNP de convenios anteriores, pero queremos que revalide esa postura frente a los alcaldes”, informó la secretaria.

“El llamado es a que dejen trabajar a la gente, la guerra de ellos es con el Estado, no contra la persona del común, del campesino, del que a diario tiene que madrugar para levantar a sus hijos. A la UNP le decimos que nos ayuden, que no nos dejen solos; la mayoría necesitamos esa protección, porque es un freno a la institucionalidad que un alcalde no se pueda desplazar, es un mal mensaje al país. Colombia, como potencia de la vida, debería ser la garantía de la vida”, concluyó el mandatario de Lejanías.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, señaló que se han enviado cartas a todas las entidades que les puedan ayudar. “La UNP no ha asignado carros, ni escoltas, ni nada. Todos tienen problemas graves de seguridad, hay personas que hacen mal uso de los esquemas y uno dice: la gente que fue elegida popularmente, que está poniendo el pecho, que denuncia, que está pidiendo auxilio, no tiene nada de protección. Solamente les dieron un chaleco y un botón de pánico. ¡Por Dios! Ya les advertimos que, si llega a pasar algo, sabemos de quién es la responsabilidad”.