Así ‘usan’ a los terratenientes para deforestar la selva en Meta y Guaviare

Si se estaba buscando responsables de la dramática deforestación en las selvas del Meta y Guaviare, las autoridades piensan que Reinel Gaitán Tangarife es uno de ellos.

Durante años, pese a las operaciones contra la deforestación, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía, no habían podido ponerle cara a esa problemática que está acabando con la vida en uno de los pulmones del planeta. La dificultad para hallar pruebas, los niveles de corrupción e incluso la misma judicialización, han impedido que los colombianos conocieran los rostros detrás de la tala indiscriminada.  

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Ahora, con la operación Artemisa, se cree que ‘El Gurre’, como es conocido Gaitán Tangarife, es una de esas piezas clave para frenar la destrucción de la Amazonia y tratar de revelar el entramado alrededor de este delito.

La Fiscalía logró judicializar a Reinel porque supuestamente  “habría entregado tres millones a siete uniformados de la Policía para que no le inmovilizaran retroexcavadoras utilizadas para la extracción ilegal de piedra y arena del río Urichare, en Lejanías”.

Hasta el 17 de febrero, cuando lo capturaron, Gaitán era reconocido en la región del Ariari, sur del Meta y norte del Guaviare, por ser empresario, ganadero, palmicultor y dueño de varios terrenos en diferentes municipios. De hecho su captura, en plena campaña electoral de su hijo Humberto, entonces candidato a la Cámara de Representantes por Centro Democrático, se pensó que era una “persecución política”.

En el caso particular de Lejanías, los hechos investigados ocurrieron el 2 de junio de 2021 y las investigaciones dan cuenta de que horas antes de la diligencia de captura se realizaron 120 viajes de volquetas cargadas de material obtenido del cauce del río. Los días anteriores se hicieron 240 viajes de arena, piedra y otros elementos, los cuales fueron trasladados a una finca para la construcción de una carretera privada.

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“Esta actividad, ejecutada sin permisos, causó graves daños al afluente, el cual hace parte de un complejo de humedales y lagunas que abastece de agua a los acueductos de la región y es una zona de recarga hídrica. Adicionalmente, ocasionó desplazamiento de la fauna y una acelerada reducción del bosque nativo”, dijo la Fiscalía en su escrito de judicialización a El Gurre.

La revista Semana tuvo acceso al expediente del ‘Gurre’ en donde se le señala de haberse apropiado de manera ilegal de 4.500 hectáreas de tierras baldías en las selvas del Guaviare, nada menos que en plena reserva de los Nukak.  En esos mismos documentos a los que accedió la revista, hay grabaciones e interceptaciones de llamadas en las que Reinel habla con funcionarios públicos e incluso el alcalde de Lejanías, Oscar Iván Chaparro, para evitar que le destruyan maquinaria amarilla en un operativo.

En el proceso por el cual se está llegando a tales niveles de deforestación en el Meta, los terratenientes son clave. Las organizaciones criminales los contactan para hacer alianzas en las que llevan personas de otras regiones a vivir en los predios baldíos, los invaden, tumban la selva, los llenan de ganado robado que traen de Venezuela y con la complicidad de funcionarios locales obtienen permisos por tratarse supuestamente de “desplazados” de la violencia o “víctimas” del conflicto.

Por eso, dice un investigador de la Fiscalía, es que en varias regiones del Meta, la operación Artemisa se ha convertido en un conflicto social, pues es inevitable que quienes tienen la esperanza de quedarse con un predio, así sea de manera ilegal, se enfrenten con la Fuerza Pública que debe retirarlos.

El desafío que también tienen los investigadores es llegar a los cabecillas que están usando a los empresarios para acabar con la selva  e incluso relacionar a estos con compañías legales que estarían comprando el ganado o sus productos por debajo del precio del mercado, a costa de actividades de deforestación.