Los negocios tras la deforestación en serranía de la Macarena, sur del Meta y Guaviare

Por Jhon Moreno|

Hasta el cierre de esta edición aún estaba gestionándose la liberación de dos soldados que fueron retenidos ilegalmente por la comunidad de la vereda El Tapir, durante el desarrollo de la cuarta fase de la Operación Artemisa, una acción conjunta entre Fuerza Pública, autoridades ambientales y Fiscalía, para frenar la deforestación en el país.

Este incidente y el asesinato de dos militares durante el desarrollo de la operación la semana pasada, son apenas la punta del iceberg de todos los intereses que han confluído en la serranía de La Macarena, sur del Meta y parte del Guaviare, y cuyo resultado más evidente es la tala indiscriminada de una de las zonas selváticas más importantes del país.

Como lo denunció Periódico del Meta hace un año, detrás de las “quemas controladas” que
cada año se hacen en zonas de reserva y que solo se convierten en registros de prensa esporádicos, se esconden mafias dedicadas a apropiarse de extensas áreas de terreno no solo en La Macarena sino en departamentos como Guaviare, Vichada y Casanare.

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Mientras las comunidades y alcaldes como Marcelino Chacón, de Uribe (Meta), pidieron al Gobierno Nacional dialogar con las personas asentadas en los Parques Naturales, para evitar desplazamientos masivos, el afán de las autoridades por actuar se debe a que los informes de inteligencia revelarían que las disidencias de las Farc y carteles del narcotráfico, buscan crear corredores estratégicos que les permitan tener fácil acceso a cultivos, laboratorios y rutas de comercialización de la droga.

El 90 por ciento de los predios no tienen titulación y hasta hace poco quienes permanecían en la zona eran los eternos colonos que han vivido allí desde hace más de 50 años, sin embargo la firma de los acuerdos de paz con las Farc y su entrega de armas, en las áreas territoriales se creó un vacío de poder que mal o bien ayudaba a equilibrar el grupo guerrillero cuando estaba activo, pese a que ellos mismo ayudaban a deforestar.

“Cuando ya se dejaron de presentar enfrentamientos dentro del parque y pararon los bombardeos, llegaron otros con acento del Valle y de Antioquia. Ellos han estado tumbando monte”, dice Oscar Toloza, un colono que dice vivir desde hace 30 años cerca a El Tapir.

Personas que quieren iniciar negocios en ganadería extensiva también hacen parte de este caldo de cultivo de deforestación al sur del Meta.

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Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), sostuvo el año pasado a Periódico del Meta que la verdadera intención de las quemas en la Amazonia y la Orinoquia es la transformación inmediata de los bosques en potreros o áreas de ocupación.

“Este último ha incrementado considerablemente su accionar en los últimos años y está asociado al acaparamiento de tierras, flagelo relacionado con la apertura de zonas con talas y quemas. En muchas ocasiones estos terrenos no son ocupados de manera inmediata y tampoco presentan cambios de uso del suelo rápidos”.

La operación Artemisa dejó 20 personas judicializadas por daño al medio ambiente, y es una de las acciones que más ha tenido capturados, entre ellos menos de edad. Las evidencias, según la Fiscalía, son contundentes, aunque en el 2005 los investigadores ya han tenido que dejar libres a sospechosos en capturas masivas similares en esas zonas.

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No solo militar

“La solución a los asentamientos campesinos dentro de las áreas de los parques Nacionales Naturales de Tinigua, Los Picachos y La Macarena no puede ser de tipo militar y de orden público. Estas comunidades habitan en estas zonas precisamente porque la persecución
y la violencia los desplazó de sus regiones de origen. Estas comunidades son ante todo víctimas de la violencia, del conflicto y del abandono estatal. En tal sentido y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no pueden ser desalojadas sin que el Estado les garantice alternativas de vida digna y para ello debe avanzarse un proceso de diálogo y concertación en aras de hallar salidas plausibles”, dijo Rey Rodríguez, representante del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta.

Otras fuentes señalan particularmente a la empresa Gran Tierra Energy como la beneficiaria de una adjudicación del llamado bloque LLA 85, de 68.565 hectáreas, fuentes de esa empresa dijeron que dicho bloque está efectivamente ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales, pero está cerca de infraestructura ya existente.

Con todo, Islena Clavijo reitera que “nos asiste total certeza en torno a que esta problemática no se va a resolver con el uso de la Fuerza y mucho menos desde una perspectiva militar. La solución a esta problemática y a la necesidad de conservar, preservar, restaurar y cuidar los pocos santuarios naturales que aún nos quedan, pasa por una concertación sincera con las comunidades, llegar a acuerdos con el compromiso
de que se cumplan y se respeten”.

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes aseguró que detrás de la deforestación del Parque Tinigua están los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) que buscan utilizar estas zonas protegidas “como áreas base y corredores de movilidad para actividades criminales los derechos de comunidades”.

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